Existía un procedimiento judicial propiamente castellano, que consistía en revisar concienzudamente el ejercicio del oficio público de un alto funcionario de la Corona cuando sus cometidos habían llegado a término. A partir del siglo XIV, era prácticamente automática la celebración del denominado “juicio de residencia”, en el que durante meses un juez debía realizar una completa indagación donde se analizaba el grado de cumplimiento por el oficial público de las funciones que se le habían marcado al comienzo de su desempeño. No podía ascender de posición, ni obtener otro destino, hasta que no superase este proceso. Incluso se le embargaba cautelarmente parte de su patrimonio, por si tuviera que hacer frente a futuras indemnizaciones. El Consejo Real tenía la última palabra y sus sentencias eran inapelables. Desde virreyes hasta gobernadores, pasando........

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