El Ministerio de Educación ha separado a más de 600 docentes condenados por delitos graves como violación y terrorismo. La reacción no debería ser de aplauso, sino de alarma. Es inaceptable que el Estado haya permitido que personas con antecedentes criminales tuvieran acceso directo y cotidiano a nuestros hijos. La escuela debe ser un espacio seguro de formación, no una ruleta rusa donde los padres rezan........

© Diario Correo