La situación de la política migratoria en el Estado español acredita la falta de cohesión del mismo y por proyección su propia identidad. La presencia de seis mil menores no acompañados en Canarias y la generosa oferta de liberar a este territorio de cuatrocientos ya es suficientemente elocuente.
La política de extranjería, sin perjuicio de que debía configurarse como una política europea, trascendiendo del pacto migratorio de la UE (deberíamos pensar en modificaciones del propio Tratado de la Unión, de los Tratados de Adhesión y del derecho derivado) posee elementos de grave complejidad. La presión o ayuda a las mafias que trafican con seres humanos del nuevo imperio que controla el Sahel, la Federación Rusa; el débil esfuerzo de estados fallidos por controlar estas mafias de traficantes de seres humanos y la insuficiencia de las respuestas de la legislación de extranjería de los estados de la UE, particularmente la del Estado español es la Ley 4/2000 con múltiples reformas que la han desestructurado, impiden un tratamiento eficaz del fenómeno migratorio.
No es fácil controlar la verdadera edad de muchos de estos pretendidos menores sin procedimientos biométricos; no se comprende la novación de pasaportes de mayores de edad cuando llegan a las Islas Canarias en pasaportes de menores de edad cuando llegan a la península; es absolutamente irracional la distribución de estos menores entre las distintas Comunidades Autónomas en una escala que va de nueve menas residentes a más de mil, por no citar los más de seis mil de Canarias; resulta manifiestamente débil el funcionamiento de las fiscalías de menores y es inasumible la acción fraudulenta consistente en pagar billetes de autobús a estos menores en algunas Comunidades Autónomas para que se trasladen........