Amnistía en Venezuela: ¿un precedente que el castrismo no quiere mirar? |
LA HABANA.- Este jueves, la Asamblea Nacional de Venezuela —controlada por el chavismo, pero con presencia de sectores opositores— aprobó por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. El importante cuerpo legal entró en vigor de inmediato tras su promulgación por la “presidenta encargada”, Delcy Rodríguez.
La mandataria habló del inicio de “una nueva etapa” para la patria del Libertador y aseguró que la ley “abre una puerta extraordinaria para que Venezuela se reencuentre, aprenda a convivir de manera democrática y pacífica, y se despoje del odio y la intolerancia, permitiendo que primen los derechos humanos, el amor, el entendimiento y el reconocimiento”.
Rodríguez fue aún más lejos al solicitar a la Comisión Especial designada por la Asamblea Nacional para supervisar la aplicación de la amnistía que revise los casos de detenidos no contemplados en la ley, con el fin de elevar recomendaciones que profundicen la convivencia y la estabilidad nacional.
Por supuesto, tratándose de representantes del chavismo-madurismo tradicional —aunque hoy aparezcan “reciclados” por las circunstancias—, la posibilidad de manipulaciones siempre debe tenerse en cuenta.
Diversos especialistas y defensores de los presos políticos coinciden en que la ley de amnistía, aunque largamente reclamada, presenta vacíos significativos. Señalan que deja sin protección a numerosos detenidos por motivos políticos y que su aplicación queda en manos de un sistema judicial cuya independencia y credibilidad han sido ampliamente cuestionadas. Incluso entre quienes respaldan la iniciativa existe consenso en que se trata de una norma incompleta y limitada.
La norma solo beneficia a personas detenidas en relación con determinadas protestas, dejando fuera a otros casos. Organizaciones de derechos humanos advierten que quienes enfrentan cargos considerados graves —como supuestos actos violentos o armados— quedarían excluidos, pese a que ese tipo de acusaciones, sostienen, ha sido aplicado de manera discrecional y frecuentemente sustentado en pruebas fabricadas.
En las últimas horas, medios democráticos han recogido esas objeciones. Infobae, por ejemplo, tituló: “El opositor Juan Pablo Guanipa recuperó la libertad y cuestionó la ley de amnistía”. En PanAm Post, el articulista José Gregorio Martínez fue más lejos al calificarla como una “falsa Ley de Amnistía”.
Sin embargo, más allá de las críticas de ciertos sectores de la oposición, hay un hecho innegable: la nueva disposición ha abierto las puertas para que numerosos venezolanos encarcelados por razones políticas recuperen su libertad.
Como cubano, no me limito a celebrar esta medida que beneficia a un número apreciable de demócratas venezolanos. Creo que su alcance puede y debe extenderse simbólicamente a la isla que nos vio nacer. La pregunta es inevitable: ¿por qué no aspirar a que una norma similar sea aprobada y aplicada en nuestra propia patria?
No es ningún secreto la estrecha coincidencia entre los países del llamado “socialismo del siglo XXI”, en particular entre Cuba y Venezuela. Si esa afinidad ha servido durante años para políticas marcadas por el sectarismo y la confrontación, con mucha más razón debería aplicarse ahora a una medida orientada —más allá de sus posibles manipulaciones— a la reconciliación nacional.
En ese contexto, remito al artículo que publiqué en CubaNet el pasado día 4, donde señalé que los “mayimbes” de La Habana harían bien en observar con atención los acontecimientos de Caracas, incluida la propuesta de Delcy Rodríguez de conceder una amnistía a los presos políticos de Venezuela.
Concluía entonces que una decisión semejante sería altamente positiva para los actuales gobernantes cubanos. ¿Qué justificación puede haber para que ciudadanos pacíficos y dignos como Félix Navarro o Luis Manuel Otero continúen encarcelados? Se trata de una arbitrariedad más del régimen, cuya única solución razonable es la liberación de los afectados, que superan el millar.
Corresponde, no obstante, ofrecer una aclaración a los lectores. No me hago ilusiones sobre las buenas intenciones del castrismo. Durante más de seis décadas ha devastado el país y sostenido su poder mediante una represión sistemática contra toda disidencia.
Aun así, la situación de los presos políticos y de conciencia —quienes padecen de manera más directa la brutalidad del régimen— merece toda nuestra atención. Incluso pasando por alto las inevitables manipulaciones, cualquier acción que contribuya a su liberación será insuficiente frente a la magnitud de la injusticia que enfrentan.