CDMX, México. – El 1º de diciembre de este año entrará en vigor el nuevo Código Penal cubano. El interés del Gobierno con este código es mantener las mismas violaciones de los derechos civiles y políticos que ha cometido durante seis décadas, pero ahora erigidas en Ley con el objetivo de mostrar a la comunidad internacional que Cuba es una dictadura totalitaria, pero respaldada por una ley nacional.

El ejercicio de “legalizar” el terrorismo de Estado en Cuba es el resultado de la presión en la ONU y de las organizaciones cubanas e internacionales de derechos humanos, que mantienen el monitoreo de los atropellos en la Isla desde hace décadas.

El monitoreo de las violaciones a los derechos humanos en Cuba comenzó en 1978 a través de la Comisión de Derechos Humanos y de Reconciliación Nacional, dirigida por Elizardo Sánchez Santa Cruz.

La cleptocracia cubana firmó los dos Pactos Fundamentales de la ONU en 2008, pero se niega a ratificarlos. En la Evaluación Periódica Universal de mayo de 2018, la comunidad internacional señaló al Gobierno de Cuba 116 exigencias para adecuar su conducta en relación con los derechos civiles y políticos consensuados en el Derecho Internacional. Ninguna de estas sugerencias fue aceptada por la dictadura comunista.

Basta leer el nuevo Código Penal para mostrar la criminalización de todos los derechos civiles y políticos, en especial las libertades de expresión, manifestación, asociación y prensa, consideradas fundamentales por la comunidad internacional puesto que de ellas dependen el resto de los derechos humanos reconocidos en la Carta de Naciones Unidas.

El Ministerio del Interior, máximo violador de derechos humanos en Cuba

Mediante sus secciones de trabajo, el MININT comete diariamente y con total impunidad violaciones de derechos humanos en Cuba, sea la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), la Dirección Técnica de Investigaciones (DTI), la Dirección de Tropas Guardafronteras (TGF), la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, la Dirección de Investigación Criminal y Operaciones (DICO), o la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería (DIIE).

Estos departamentos gastan anualmente millones de dólares en sus labores de represión sin rendir cuentas a los ciudadanos. Es decir, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) no publica los gastos anuales de este ministerio, aunque forme parte del Gobierno cubano. Tampoco se conocen los casos de corrupción dentro de sus entidades, ni la cantidad y naturaleza de las violaciones de derechos que se cometen a diario.

La Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, por ejemplo, tiene un historial de corrupción significativo, que abarca desde exigir coimas en los aeropuertos para permitir el ingreso de artículos de primera necesidad, hasta la reclusión arbitraria de personas en las instalaciones del aeropuerto para que sean interrogadas por agentes de la Seguridad del Estado; o la expulsión del país de ciudadanos o visitantes non gratos.

El cuerpo de guardafronteras del MININT ha cometido al menos tres masacres contra ciudadanos inocentes: Río Canímar (1980), Remolcador “13 de marzo” (1994) y el hundimiento de una lancha en Bahía Honda, el pasado mes de octubre.

En cada una de estas tragedias han embestido embarcaciones donde viajaban ciudadanos inocentes que solo querían abandonar el país. Ningún cuerpo de seguridad en las Américas aplica semejante método con la intención de matar a los ciudadanos, en vez de rescatarlos y protegerlos.

La PNR cita por teléfono o por escrito, sin respaldo legal, a todos los ciudadanos para someterlos a “entrevistas” ilegales donde son amenazados sin que tengan la posibilidad de defenderse de este proceder arbitrario.

El caso de la doctora Alina Bárbara López Hernández ha sido una excepción. Las denuncias y quejas presentadas ante la Fiscalía de la República nunca han recibido respuesta. Tales han sido los casos de Leonardo Fernández Otaño, Eduardo Llorens Núñez, Julio Antonio Fernández Estrada, Julio Ferrer Tamayo y Tania Bruguera. No se trata de la poca cultura jurídica de la población, sino de la impunidad con que obra el MININT.

La Dirección de Establecimientos Penitenciarios registra las mayores violaciones de derechos humanos en las cárceles cubanas. Los atropellos contra presos políticos se contabilizan a diario en redes sociales y en la prensa independiente cubana: provocaciones por parte de presos comunes para aumentar las condenas a los presos políticos, ausencia de atención médica como método de tortura, impedir la comunicación de los presos políticos con sus familiares, negarles el paseo diario para tomar el sol, y la reclusión arbitraria en celdas de castigo.

También se aplican otros métodos de tortura como lanzar a un reo esposado escaleras abajo, rociarles gas pimienta a prisioneros esposados o intimidar, amenazar y detener a los familiares que piden la liberación de los presos políticos.

El panorama de las violaciones diarias cometidas por el MININT es tan terrible que solo por esta causa habría que convocar el boicot mundial contra la cleptocracia comunista que ya lleva 63 años en el poder.

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Legalizar el terrorismo de Estado no lo hace legítimo

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28.11.2022

CDMX, México. – El 1º de diciembre de este año entrará en vigor el nuevo Código Penal cubano. El interés del Gobierno con este código es mantener las mismas violaciones de los derechos civiles y políticos que ha cometido durante seis décadas, pero ahora erigidas en Ley con el objetivo de mostrar a la comunidad internacional que Cuba es una dictadura totalitaria, pero respaldada por una ley nacional.

El ejercicio de “legalizar” el terrorismo de Estado en Cuba es el resultado de la presión en la ONU y de las organizaciones cubanas e internacionales de derechos humanos, que mantienen el monitoreo de los atropellos en la Isla desde hace décadas.

El monitoreo de las violaciones a los derechos humanos en Cuba comenzó en 1978 a través de la Comisión de Derechos Humanos y de Reconciliación Nacional, dirigida por Elizardo Sánchez Santa Cruz.

La cleptocracia cubana firmó los dos Pactos Fundamentales de la ONU en 2008, pero se niega a ratificarlos. En la Evaluación Periódica Universal de mayo de 2018, la comunidad internacional señaló al Gobierno de Cuba 116 exigencias para adecuar su conducta en relación con los derechos civiles y políticos consensuados en el Derecho Internacional. Ninguna de estas sugerencias fue aceptada por la dictadura comunista.

Basta leer el nuevo Código Penal para mostrar la criminalización de todos los derechos civiles y políticos, en especial las libertades de expresión,........

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