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El bloqueo económico de EE.UU. contra Cuba: manipulaciones históricas y evolución reciente

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05.06.2019

El inicio de la ruptura del dominio total que Estados Unidos ejercía sobre la economía cubana con el triunfo revolucionario del 1º de enero de 1959, fue el factor decisivo para que –a partir de ese mismo momento- se iniciaran acciones encubiertas en contra del Gobierno Revolucionario cubano.

Desde un inicio se hizo prácticamente imposible negociación alguna que permitiera una relación civilizada entre Cuba y el vecino del norte, a partir del no reconocimiento por Estados Unidos del gobierno cubano como estado soberano y por tanto, en igualdad de derechos con el gobierno norteamericano.

Una lectura neocolonial de las relaciones con Cuba –que se inició en el siglo XIX-, no ha dejado de estar presente desde el propio año 1959 en los dirigentes de Estados Unidos y junto a ella ha primado la decisión de producir un eufemístico “cambio de régimen” en Cuba, que no ha sido más que la voluntad de destruir la Revolución.

De este modo, las agresiones norteamericanas –incluyendo la invasión militar mercenaria de Girón en 1961- se han sucedido en los últimos 60 años, utilizando desde los métodos del terrorismo más brutal y el apoyo a las bandas de contrarrevolucionarios en los años 60, hasta el soft power o track II como parte de la guerra mediática y diversionista que se inició en los años 80, hasta el bloqueo económico, que ha permanecido vigente en el arsenal de medidas contra Cuba desde el propio año 1959, aunque el mismo fue aprobado oficialmente en febrero de 1962 por el presidente Kennedy, mediante la Orden Presidencial Nº 3447.

En la actualidad, cuando parecía que ya se agotaba el arsenal de medidas para fortalecer el bloqueo a Cuba, la administración de Donald Trump se propuso activar el título III de la Ley Helms-Burton aprobada en 1996 por el congreso de Estados Unidos, la cual tuvo como antecedentes inmediatos la coyuntura negativa que supuso el Período especial para el pueblo de Cuba. Para ello se han reeditado las mismas mentiras contenidas en las bases que argumentan dicha ley y que hoy pretenden revalidarse.

Es por ello que una breve revisión histórica resulta indispensable para revelar la verdadera naturaleza de la medida que ahora impulsa el gobierno norteamericano.

En efecto, al desaparecer los países socialistas en Europa la economía cubana entró en la crisis más profunda que debió enfrentar el país desde 1959.

Lógicamente esto no pasó inadvertido para los que diseñaban el bloqueo contra nuestro país.

El impacto de la crisis –denominada en Cuba como el Período especial en tiempo de paz, el cual se proclamó en agosto de 1990-[1] resultaría brutal. En efecto, el PIB cayó sin parar un 34,8% entre 1989 y 1993 y el país comenzó a aplicar una estrategia basada en el enfrentamiento a la crisis al menor costo social posible, reinsertando la economía en las nuevas condiciones internas y externas que emergían, contando para ello con el consenso político indispensable entre la población.

En medio de esas circunstancias, se aprobó en Estados Unidos la Ley Torricelli (Ley para la Democracia Cubana) en octubre de 1992. Mediante esta disposición el gobierno de Estados Unidos prohibió nuevamente las exportaciones a Cuba de las compañías subsidiarias norteamericanas en terceros países, que había sido inicialmente aprobada por la administración de Gerald Ford en 1975.

De forma simultánea en 1992 Cuba presentó por primera vez un proyecto de resolución a la Asamblea General de la ONU titulado “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, el cual fue aprobado por 59 votos a favor y 3 en contra con 71 abstenciones.

Al respecto es importante registrar que esta resolución se ha aprobado desde entonces todos los años en Naciones Unidas, alcanzando en 2018 189 votos a favor y solo 2 en contra (Estados Unidos e Israel). Sin embargo, Estados Unidos –que solo ha conseguido cuando más 4 votos en contra en 26 años-, se niega a aceptar la voluntad mundial expresada casi unánimemente de forma sistemática en la ONU.

A partir de un gran esfuerzo, sin financiamiento externo y con una estrategia económica y social flexible, Cuba logró frenar la caída del PIB en 1994 y comenzó nuevamente a crecer, logrando –entre otros elementos positivos- la entrada de inversión extranjera directa de forma significativa en sectores como el níquel, el tabaco, el turismo, el sector energético y las telecomunicaciones entre los más importantes, todo lo cual llevó a una nueva Ley de la Inversión Extranjera aprobada por el parlamento cubano en septiembre de 1995.

En esta coyuntura y para enfrentar la gradual atracción al capital extranjero de la economía cubana y el inicio de su proceso de recuperación, se aprobaría en 1996 una nueva ley que –por sus implicaciones hasta el presente- es necesario examinar con cierto detenimiento.

El gobierno de Bill Clinton desde sus inicios había retomado la política del “soft power” o “track II”[2] en la política hacia Cuba, por lo que había optado por desarrollar un nivel de penetración ideológica y cultural en el país, unido al estímulo a la disidencia contrarrevolucionaria interna. Esta política –complementaria a las presiones del bloqueo económico ya existente- se desarrollaba a los efectos de erosionar la base de apoyo de la Revolución en las circunstancias críticas del Período especial, logrando así supuestamente el derrocamiento del gobierno cubano.[3]

La política de Clinton fue obstaculizada en todo lo posible por un congreso dominado por el partido Republicano,[4] que observaba con incredulidad como Cuba iba remontando el Período especial y reclamaba medidas más duras contra Cuba. De tal modo, Jesse Helms paso a presidir el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, presentando una agenda de 10 puntos para modificar la política exterior del gobierno de Bill Clinton, donde se privilegiaba el caso de Cuba.

Ya en 1995 fue elaborado un proyecto de ley por el senador Jesse Helms y el representante Dan Burton, ambos gozando de un expediente de anticomunistas y ultraderechistas en toda su trayectoria. Para esta tarea contarían con el apoyo total del lobby anticubano del Congreso, que integraban personajes como Ileana Ros-Lehtinen, Lincoln Díaz-Balart y Bob Menéndez.

Fue así que se elaboró el proyecto de Ley para la Libertad y Solidaridad Democrática, conocida como Ley Helms-Burton el cual estaba en punta para ser votado a inicios de 1996, pero que contaba con la oposición inicial del gobierno demócrata.

En efecto, ya en una audiencia del senado realizada en junio de 1995, el subsecretario de Estado –Peter Tarnoff- declararía que: “…la ley violaba los derechos constitucionales del poder ejecutivo para conducir la política exterior del país, también varios tratados internacionales, las obligaciones de Estados Unidos ante el FMI y el Banco Mundial, así como las relaciones con socios extranjeros, que en represalia podían tomar medidas similares contra empresas estadounidenses.” Y más adelante señalaría que “…si Estados Unidos se arrogaba tales facultades para sus cortes, nada impedía que otros países hiciesen lo mismo (…) “…bajo la ley internacional Estados Unidos no tenía ningún derecho a intervenir en un asunto que correspondía a un Estado extranjero dentro de sus propias fronteras.”[5]

No obstante, la ley fue firmada por el presidente Clinton en marzo de 1996, con lo que la aplicación del bloqueo contra Cuba pasaba a ser decidida por el Congreso y no por el presidente, como había ocurrido hasta entonces.

La aparente contradicción en lo relativo a la valoración de la ley por parte del gobierno, se explica tomando en cuenta que –siendo 1996 un año de elecciones- Clinton no estaba dispuesto a enfrentar una opinión pública negativa que pudiera afectar su reelección, máxime cuando el pretexto inmediato para firmar la ley fue en represalia por el derribo -por la fuerza aérea cubana- de dos avionetas el 24 de febrero, las que repetidamente habían violado el espacio aéreo nacional, dejando caer proclamas sobre la capital del país en varias ocasiones y desoyendo las repetidas advertencias de Cuba a Washington para que controlara estos peligrosos vuelos que partían de territorio norteamericano.

La mencionada ley[6] se estructuró así no como una medida más del bloqueo norteamericano contra nuestro país. En realidad la misma era contentiva de un programa de acciones dirigidas a condicionar la eliminación del bloqueo al tránsito a un gobierno “democrático” y........

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