El Parlamento Europeo, atrapado en el ‘lawfare’

Parece que no falta mucho para que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre la ley de amnistía española, aquella que ya hace tiempo que debería habernos permitido regresar a nuestras casas a quienes llevamos ya más de ocho años de exilio. La Opinión del abogado general de este Tribunal, en noviembre pasado, no dejó lugar a equívocos: la compatibilidad de esta ley con el derecho europeo es, según él, indiscutible. Con esta sentencia del TJUE –que responderá a sendas cuestiones prejudiciales del Tribunal de Cuentas y de la Audiencia Nacional– se desbroza el camino para que el Tribunal Constitucional dicte la resolución sobre nuestros recursos que debería poner fin a la judicialización de un conflicto constitucional –es decir, político– que un Estado, si quiere hacer honor a sus principios democráticos, nunca debería haber derivado a la esfera del derecho penal.

Mientras esperamos esta sentencia, también desde Luxemburgo hace escasos meses se dictó otra, también directamente vinculada al “caso catalán”, y no de poca importancia. En efecto, la decisión del TJUE del pasado día 5 de febrero, que anula el suplicatorio que el Parlamento Europeo aprobó en marzo de 2021 para levantar la inmunidad del presidente Puigdemont, de la consejera Ponsatí y la mía, es histórica. Ha sido una de las pocas veces –por no decir la primera– que la máxima instancia judicial de la UE corrige al legislativo europeo en un asunto políticamente tan sensible. Pero, en realidad, esta victoria es solo la última de las diversas sentencias que nos han dado la razón a lo largo de nuestro periplo como eurodiputados.

En cuanto decidimos presentarnos a las elecciones europeas de 2019, comenzó una ofensiva sin cuartel para impedir que pudiéramos convertirnos en europarlamentarios o para que, en caso de serlo, no pudiéramos ejercer nuestro mandato con normalidad. Sus promotores mostraban –una vez más– un desprecio indiscutible por la democracia. Aquellos que por omisión la facilitaron, también. Ni a los unos ni a los otros les importaba lo más mínimo cuál fuera la voluntad de los ciudadanos catalanes que nos querían a nosotros como representantes. Para bloquear las opciones electorales del independentismo en el exilio, estaban dispuestos a hacer todas las trampas legales que su pulsión autoritaria les permitiera imaginar.

Primero fue la Junta Electoral Central quien nos cerró el paso como candidatos a las elecciones, antes de que empezase la campaña electoral

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