La ultraderecha neerlandesa va multiplicándose. A cuatro meses de las últimas elecciones, el parlamento de Países Bajos cuenta hoy nada menos que con cinco grupos ultras, que acaparan casi un tercio de la cámara (46 de los 150 escaños). El mayor, liderado por el flamante Geert Wilders del Partido por la Libertad (PVV), ganó 26 diputados en octubre, pero en enero sufrió una deserción de siete prominentes que se declararon hartos de las maneras autócratas del fundador y de su postura poco constructiva con los demás partidos. 

Diputado desde hace casi 30 años, Wilders se ha distinguido, ante todo, por meter cizaña y sabotear cualquier proyecto del que forma parte. En el último, una coalición experimental que se presentó orgullosamente como “el gobierno más derechista de la Historia” y apostó por una batería de políticas migratorias durísimas (y anticonstitucionales), duró menos de once meses. Curados en salud, en las elecciones de octubre varios grandes partidos juraron ya nunca dejar que Wilders y los suyos entraran a gobernar.

Diputado desde hace casi 30 años, Wilders se ha distinguido, ante todo, por meter cizaña y sabotear cualquier proyecto del que forma parte

Diputado desde hace casi 30 años, Wilders se ha distinguido, ante todo, por meter cizaña y sabotear cualquier proyecto del que forma parte

Esto, sin embargo, ha ofrecido una oportunidad de oro a las otras formaciones ultras: distinguiéndose de un Wilders ya completamente anatemizado, se pueden perfilar como opciones razonables, aunque solo sea por las formas. Mientras que han lucido una mayor afabilidad en los debates y en las apariencias televisivas, y una mayor voluntad de dialogar con otros partidos, sus programas políticos han resultado, si cabe, más radicales aún que el del PVV de Wilders. Si este siempre ha tenido un cierto acento social –por ejemplo, es un acérrimo defensor de la sanidad pública–, las otras formaciones combinan las posturas antiinmigrantes, etnonacionalistas e islamófobas de Wilders con una política económica antidistributiva.

Excluido el PVV de Wilders, los cuatro grupos ultraderechistas restantes cobrarán un papel protagonista a partir de hoy, cuando se ha presentado la nueva coalición de gobierno presidida por el joven Rob Jetten, líder del partido liberal-progresista D66, que resultó ganador en las últimas elecciones. (Jetten, que cumple 39 años en marzo, también es el primer presidente abiertamente gay del país; él y su pareja, un jugador de hockey argentino, piensan casarse este año en España.) La ultraderecha alternativa a Wilders exigirá un papel protagonista porque, por primera vez en casi un siglo, los Países Bajos serán gobernados por una coalición que no cuenta ni con una mayoría parlamentaria ni con apoyos previos. Esto quiere decir que cada propuesta de ley exigirá su propio proceso de negociación parlamentaria, en el que la ultraderecha muchas veces tendrá la baza ganadora.

Después del estrepitoso fracaso del último experimento de gobierno –una coalición de cuatro partidos, incluido el PVV, que acordaron mantener a sus líderes como diputados parlamentarios y nombrar como primer ministro a Dick Schoof, un gris funcionario de carrera sin carnet de partido–, los Países Bajos parecen condenados a seguir probando cosas nuevas. El optimismo empedernido de Jetten –que en la campaña apuntalaba su sonrisa eterna con el eslogan “¡sí que se puede!”– no logra esconder el aire de desesperación que domina la política neerlandesa estos últimos años. 

El Estado mismo parece incapaz de resolver ninguno de los grandes problemas que afronta el país

El Estado mismo parece incapaz de resolver ninguno de los grandes problemas que afronta el país

No es solo que el sistema de gobierno, basado siempre en coaliciones de varios partidos, ha dejado de funcionar –los acuerdos resultan cada vez más difíciles de formar y gestionar–, sino que el Estado mismo parece incapaz de resolver ninguno de los grandes problemas que afronta el país: una crisis medioambiental causada por la agricultura intensiva; una crisis estructural de vivienda; una situación migratoria que muchos ciudadanos, alentados por la derecha política y mediática, dicen experimentar como crisis; infraestructuras fundamentales, como la energética y de recaudación tributaria, cercanas al colapso; y el mayor escándalo político de la última década: la victimización por el cuerpo administrativo del Estado de miles de ciudadanos que fueron injustamente multados hasta la ruina por una rígida burocracia infectada con prejuicios sociales. (Las víctimas aún esperan a que se haga justicia.) Ante todos estos problemas –solo por mencionar los domésticos–, la política nacional se ha revelado, una y otra vez, impotente para llegar a acuerdos que permitan avanzar un ápice en su resolución. 

La dificultad de formar coaliciones que funcionen se debe, entre otros factores, a que el electorado neerlandés se ha vuelto mucho más fragmentado y volátil. Al lado de los partidos de siempre, han aparecido nuevas formaciones que logran ilusionar brevemente a las y los votantes, y crecen precipitadamente, solo para desplomarse en poco tiempo. En lo que va de siglo, ha habido media docena de estos “partidos hongo”, empezando por el de Pim Fortuyn, el político populista antiinmigración asesinado en 2002 por un activista de derechos animales. La última burbuja en reventar ha sido el Nuevo Contrato Social (NSC), fundado meses antes de las elecciones de 2023, en las que su promesa de una administración pública más transparente, eficaz y constitucional le valió una espectacular entrada al parlamento, con 20 escaños (un 13 por ciento del voto). En las elecciones siguientes, solo dos años después, el NSC se quedó en la nada. 

Desaparecida la lealtad electoral en la que se basaba la política neerlandesa durante casi todo el siglo XX, los partidos se han puesto nerviosos. El miedo al castigo del votante les ha hecho bastante más reacios a hacer las concesiones que piden las coaliciones de gobierno. Además, la necesidad de mantener contentas a sus quisquillosas bases, combinada con la frecuencia cada vez mayor de las elecciones –solo parlamentarias, ha habido tres en los últimos cinco años, sin contar las municipales, provinciales y europeas– ha hecho que los líderes políticos nunca dejen de operar en “modo campaña”. Esto quiere decir que ven a sus colegas, siempre, y ante todo, como rivales. En este ambiente –competitivo y desconfiado– predominan las conductas oportunistas y cortoplacistas. 

El mejor ejemplo es el Partido Liberal (VVD) de Mark Rutte, cuya líder actual, Dilan Yesilgöz, es la principal responsable del blanqueamiento de la ultraderecha neerlandesa. Es quien más ha contribuido –con mentiras descaradas– a difundir la idea de que el país sufre una crisis migratoria causada por los solicitantes de asilo; a llevar esa idea al centro del debate político; y a romper el cordón sanitario que impedía el acceso a la ultraderecha al gobierno. 

Yesilgöz, por otra parte, es también la política más trumpista del centroderecha neerlandés, empeñada en demonizar al centroizquierda (y, de paso, criminalizar a Antifa, a pesar de que los servicios de inteligencia aseguran que se trata de una organización inexistente). Puestos a asignar responsabilidades, es también Yesilgöz la responsable de que la coalición actual sea minoritaria, al negarse a formar un gobierno que incluyera a los socialdemócratas de GroenLinks-PvdA, la fusión en curso del partido laborista con la izquierda verde, cuyo decepcionante resultado electoral en octubre (20 escaños) precipitó la dimisión de su veterano líder, Frans Timmermans, exvicepresidente de la Comisión Europea.

Esta rivalidad patológica entre los partidos no es ningún secreto. De hecho, el concepto que más protagonismo ha tenido en la campaña electoral de 2025 y en el proceso de negociación posterior ha sido el verbo neerlandés gunnen. De difícil traducción, llega a significar algo como “tener el deseo de que algo bueno le pase a otro, y poder alegrarse por él si en efecto le pasa, sin apenas sentir envidia”. Fue un sentimiento del todo ausente en la coalición anterior, marcada por desconfianzas, sospechas, zancadillas y traiciones. 

El plan para los próximos cuatro años que han presentado D66, VVD y CDA tiene muy poco de progresista

El plan para los próximos cuatro años que han presentado D66, VVD y CDA tiene muy poco de progresista

En cambio, los integrantes de la nueva coalición de gobierno –los liberales progresistas de Jetten (D66), los cristianodemócratas de Henri Bontebal (CDA) y los liberales derechistas de Yesilgöz (VVD)– aseguran que se llevan tan bien que, en efecto, pueden alegrarse de sus respectivos éxitos. Pero algunos malos hábitos parecen persistir. El día después de presentarse el acuerdo de gobierno –un documento de 70 páginas titulado “Manos a la obra”–, el VVD lanzó una campaña de publicidad relámpago por el país entero para alardear ante sus votantes de haber “ganado” las negociaciones. 

Descontando la obvia mezquindad del gesto y la burla implícita a los compañeros de coalición, el mensaje no andaba equivocado. El plan para los próximos cuatro años que han presentado D66, VVD y CDA tiene muy poco de progresista. Junto con un aumento descomunal del presupuesto en Defensa –una medida que, dado el paisaje internacional, cuenta con amplios apoyos parlamentarios–, el nuevo gobierno mantiene en pie algunas de las medidas fiscales más regresivas –como la desgravación de los intereses hipotecarios, que tanto Jetten como los cristianodemócratas prometieron abolir, pero que para el VVD, partido de propietarios, resulta sagrada–. 

Más llamativa aún es una larga serie de recortes en materia de gasto social (sanidad, educación, pensiones). Estos recortes hacen posible que, a pesar de los aumentos en defensa, las previsiones del déficit se mantengan en un 2,1 por ciento del PIB, bastante por debajo de los máximos exigidos por la UE. En otras palabras: el gobierno de Jetten marca un regreso decidido a la política de austeridad. También es llamativo que, en materia de inmigración, el nuevo gobierno apueste por mantener algunas de las medidas más controvertidas –y posiblemente anticonstitucionales– propuestas por el partido de Wilders durante la legislatura anterior.

Ahora bien, no queda nada claro cuántos elementos de este ambicioso plan llegarán a ponerse en práctica tal cual. Posiblemente, ninguno. A fin de cuentas, la coalición solo dispone de 66 escaños de los 150 del parlamento neerlandés (la Segunda Cámara). En el Senado (la Primera Cámara) –que, a diferencia del Senado español, tiene que aprobar toda propuesta de ley sí o sí–, el panorama pinta todavía peor para la coalición de Jetten, ya que solo cuenta con 22 de los 75 escaños. 

Como en el actual parlamento español, no habrá propuesta de ley que no esté sujeta a un arduo proceso de debate y negociación. No cabe descartar que la apuesta inicial por una austeridad extrema se haya hecho anticipando concesiones futuras que incrementen el gasto. Pero aunque la oposición es mayoritaria, con 84 escaños, solo 30 pertenecen a partidos netamente progresistas. La ultraderecha que se quiere decente, en cambio, cuenta con 27 diputados: los 9 de JA21, los 7 rebeldes que se desmarcaron de Wilders (Groep Markusower), otros 7 del Foro por la Democracia (FvD) –cuyo fundador ultra, Thierry Baudet, se ha dejado sustituir por una joven bioquímica y violinista– y 4 diputados del Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB). Y a diferencia de la izquierda, la oposición de ultraderecha cuenta, en el banquillo, con los 19 diputados restantes de Wilders.

Cuando el D66 de Jetten ganó las elecciones en octubre, los medios internacionales subrayaron que el progresismo liberal neerlandés había logrado desplazar a la ultraderecha. La realidad es menos alentadora. Para empezar, el D66 es minoritario dentro de su propia coalición; sin contar que, paradójicamente, la presidencia de Jetten –una posición cuyo prestigio exige cierta neutralidad– acaba por debilitar la posición del partido. E incluso si incluimos al D66 en el bloque izquierdista –un presupuesto debatible, en vista de la historia del partido–, este bloque representa poco más que una tercera parte del parlamento, en un sistema electoral rigurosamente representativo. A estas alturas, la derechización del país, no por paulatina menos evidente, es un hecho imposible de negar.

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