Bolivia, que se convirtió en socio del BRICS en 2024, se ha sumido en un nuevo ciclo de disturbios generalizados, con bloqueos de carreteras y huelgas laborales que se extienden por sus principales ciudades en respuesta a dos controvertidas propuestas del Gobierno. En primer lugar, el presidente decretó recortes en la subvención de los combustibles mediante un decreto ejecutivo en diciembre de 2025, y posteriormente el Congreso aprobó una ley sobre la tierra en abril de 2026, lo que desencadenó las protestas a las que estamos asistiendo. Para comprender la magnitud de este enfrentamiento, hay que entender primero al actual gobierno de La Paz, la política que desencadenó el levantamiento, la forma que ha adoptado el movimiento de protesta y el colapso político interno que permitió el regreso al poder de un gobierno conservador.

El presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, un político de centro-derecha con profundos vínculos con la política conservadora tradicional de Bolivia, asumió el cargo a principios de noviembre de 2025; su administración se formó tras una decisiva victoria electoral que puso fin a casi dos décadas de gobierno ininterrumpido del Movimiento al Socialismo. Paz Pereira se apresuró a aplicar lo que había presentado como un remedio económico necesario para las maltrechas finanzas del país, y fue precisamente su primera medida política importante la que desencadenó una reacción en cadena de disturbios sociales generalizados. El primer detonante de las protestas fue un decreto presidencial emitido el 18 de diciembre que eliminaba los subsidios al combustible, que habían sido la piedra angular de la política económica boliviana durante más de veinte años.

El segundo detonante de las actuales protestas de mayo de 2026 es una ley que los grupos indígenas y los sindicatos campesinos consideran un ataque directo a su capacidad para conservar sus tierras. La Ley 1720, promulgada por el Gobierno de centro-derecha del presidente Rodrigo Paz, permitía reclasificar las pequeñas explotaciones agrícolas como propiedades de tamaño medio y utilizarlas como garantía para préstamos bancarios comerciales. Aunque el Gobierno de Bolivia dio marcha atrás por completo en la ley de tierras, solo modificó parcialmente el decreto sobre los combustibles. Tras........

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