Sacad vuestras manos de nuestras niñas |
El Departament d’Educació del Govern de la Generalitat de Catalunya incorpora a la policía en la plantilla de los centros educativos de secundaria. La noticia, aparecida en El País el pasado 23 de abril, anunciaba la aprobación de un plan piloto para contar con la presencia permanente de un agente de policía que “realice tareas de prevención y mediación”. Esta iniciativa, denominada de manera provisional por los Mossos d’Esquadra como Plan Integral para la Seguridad y el Bienestar en el entorno educativo, pretende servir como “forma de disuasión ante conflictos o episodios de agresiones y como figura de mediación en casos de violencia”. Los Mossos insisten en que se trata de un programa para garantizar la seguridad de alumnos y profesores, pero también para actuar ante situaciones o violencias “que se produzcan en el exterior y en el entorno cercano al instituto y que después acaban impactando en la convivencia escolar”, como peleas, consumo de drogas o agresiones.
Una noticia como esta puede publicarse hoy sin apenas generar revuelo mediático ni social, ni entre el alumnado, ni entre sus familias, ni mucho menos en el profesorado o en la sociedad en su conjunto. Estoy convencida de que muchas y muchos educadores y docentes no se sienten cómodos con la medida, e incluso de que algunos estarán diametralmente en contra. Además, no es casualidad que la noticia aparezca en plena lucha sindical de la enseñanza en Cataluña, en la que los profesionales demandan reducción de ratios y más medios y recursos para la educación pública. Sin embargo, la seguridad frente a la violencia ha adquirido tal magnitud moral que cuestionarla se vuelve cada vez más difícil. Y quien lo hace corre el riesgo de ser acusado de connivencia con la violencia.
Esto es así hasta tal punto que la noticia no se preocupa en exceso por legitimar la presencia policial desde un marco educativo o preventivo, sino que sitúa en el centro la seguridad, entendida como ausencia de ataques, ilegalidades y conflictos, sin ningún tipo de pudor. Porque no nos engañemos: incluso cuando se habla de su carácter preventivo, este remite a un carácter preventivo policial, no educativo. Pero, sobre todo, ¿a quién se le ocurre –y bajo qué criterios profesionales, educativos o de convivencia– poner a policías a realizar procesos de mediación con chavales? ¿Cuáles son las destrezas policiales en este terreno? Si realmente el objetivo fuera prevenir y mediar, ¿no hay profesionales mucho más cualificados para ello?
La noticia construye este escenario apoyándose en cifras que presentan la violencia como un fenómeno ampliamente extendido entre los y las jóvenes. Según se recoge, casi dos de cada tres estudiantes (64%) afirman haber sido víctimas de situaciones violentas en los centros educativos y un porcentaje similar asegura haberlas presenciado. Además, se señala que el 84% del alumnado percibe la existencia de violencia en los institutos. En el ámbito de las violencias sexuales, la cifra es aún más contundente: el 75% del alumnado de secundaria considera que los jóvenes sufren agresiones sexuales, un porcentaje que asciende al 84% en el caso de las chicas. Sin embargo, este dato puede inducir a una lectura equívoca, al sugerir que ese porcentaje corresponde a experiencias directas de victimización, cuando en realidad –como veremos más adelante– se refiere a la percepción que tiene el alumnado sobre la existencia de violencia sexual entre la población joven en........