La Fiscalía ha admitido estudiar una denuncia presentada contra la Compañía Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) por su participación en la construcción y el mantenimiento de dos líneas de tranvía israelíes dentro de los Territorios Ocupados de Palestina (TOP). La decisión responde a la demanda interpuesta por seis organizaciones civiles contra el consejo de administración de la empresa vasca por entender que su implicación en el ‘Plan Maestro de Transporte de Jerusalén’, un proyecto israelí que contempla la instalación y conservación de 27 kilómetros de vías férreas en zonas anexionadas por colonos, viola las normas del derecho internacional humanitario reconocidas en el Convenio de Ginebra y dos artículos del Código Penal español. Las organizaciones denunciantes son Novact, la Comunitat Palestina de Catalunya, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, Observatori Desca, Paz con Dignidad y Suds, representadas por el Centro Guernica 37. “CAF está obteniendo grandes beneficios de la política de ocupación y el régimen de apartheid que sufre el pueblo palestino. Consideramos que existe una responsabilidad empresarial en unos delitos tipificados y ante el silencio de gobiernos e instituciones hemos decidido tomar la iniciativa”, afirma a CTXT un miembro de Suds, una de las organizaciones que han presentado la demanda ante la Fiscalía como garantía para que sea abordada posteriormente en los tribunales de justicia.

Las organizaciones denunciantes consideran que la empresa viola el Convenio de Ginebra y dos artículos del Código Penal español

Las organizaciones denunciantes consideran que la empresa viola el Convenio de Ginebra y dos artículos del Código Penal español

En concreto, focalizan su acusación en la responsabilidad, directa o indirecta, que las obras de la empresa ferroviaria tienen en el desplazamiento forzado de la población palestina y en la consolidación de un régimen que combina la segregación racial con prácticas inhumanas. CAF, cuya sede central está en Beasain (Gipuzkoa), ya fue señalada el pasado año en el informe “De la economía de ocupación a la economía de genocidio” elaborado por la Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, como una de las transnacionales más favorecidas económicamente por la política de asentamientos ilegales promovidos por el Gobierno de Israel en Palestina. “La empresa vasca se unió a un consorcio con una empresa israelí –Shapir Engineering and Industry Ltd– incluida en la base de datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para mantener y ampliar la Línea Roja del metro ligero de Jerusalén y construir la nueva Línea Verde, en un momento en que otras empresas se habían retirado debido a la presión internacional. Estas líneas conectan las colonias con Jerusalén Occidental”, apunta la relatora en su informe.

En 2022, el Punto Nacional de Contacto (PNC), el organismo encargado de mediar en conflictos causados por comportamientos inadecuados de las multinacionales, reconoció que las operaciones de CAF en la Palestina ocupada suponen “una violación manifiesta del derecho internacional”. Sin embargo, también admitía su incapacidad para solucionar el problema ya que, con las regulaciones vigentes, no hay ninguna normativa que obligue a las corporaciones a cumplir con la legalidad internacional. Es lo que los expertos denominan ‘arquitectura jurídica de la impunidad’, una estructura normativa asimétrica donde los intereses empresariales son más importantes que sus obligaciones. Para legitimarla, cuentan con una tupida red de protección legal que abarca desde sus propios gobiernos, con políticas de seguridad económica, a los países receptores, que desregulan normativas para favorecer una actividad económica extranjera, y los tribunales de arbitraje, cuyas decisiones vinculantes siempre terminan inclinándose a favor de las transnacionales.

La Fiscalía ha aceptado precisamente la demanda para verificar si las inversiones que la constructora vasca de ferrocarriles inició en 2019 con el tren ligero de Jerusalén entran dentro de las competencias penales de la justicia española y vulneran el IV Convenio de Ginebra que prohíbe el desplazamiento de la población en un contexto de ocupación ilegal. En 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó la ilegalidad no solo de la presencia militar israelí en los territorios palestinos, sino también de los asentamientos de colonos y el control que ejercen sobre infraestructuras y recursos.

La línea de defensa de CAF es que su inclusión en la lista negra de la ACNUDH el pasado mes de septiembre por su complicidad con el régimen israelí de apartheid, “es incompatible con la realidad las operaciones” que realizan sobre el terreno. Según declaró la empresa a través de un comunicado difundido nada más conocerse su incorporación a la base de datos de la ONU, su proyecto del tranvía de Jerusalén es estrictamente técnico y neutral. “Proporciona infraestructuras esenciales de transporte público que benefician a todas las comunidades por igual y sin discriminación, y que permiten el ejercicio de los derechos humanos fundamentales”, explica. La multinacional vasca también asegura que “nunca ha participado ni contribuido a ninguna de las actividades” que le imputan, y apela a que la información publicada por la ACNUDH carece de valor jurídico. “Sin embargo, su uso como instrumento politizado corre el riesgo de socavar la confianza en un mecanismo diseñado para la transparencia, no para la imposición de sanciones”, sentencia CAF en el comunicado.

El tranvía se ha convertido en el principal elemento vertebrador de diversos asentimientos ilegales

El tranvía se ha convertido en el principal elemento vertebrador de diversos asentimientos ilegales

El Tren Ligero de Jerusalén es uno de los proyectos más importantes sobre los que se asienta la transformación urbana de la ciudad diseñada por la autoridad israelí de transporte, el denominado ‘Equipo del Plan Maestro de Transporte de Jerusalén’ (JTMT). En 2019 convocaron un concurso para adjudicar la construcción de diferentes líneas de tranvía que fue ganado por el consorcio ‘TransJerusalem J-Net Ltd’, integrado por CAF y la empresa israelí Shapir. El coste del operativo supera los 1.800 millones de euros. El proyecto diseñado pretende integrar los asentamientos israelíes ilegales de Jerusalén este con el núcleo urbano del oeste pero no descarta el establecimiento, mantenimiento y la expansión de nuevas líneas férreas a edificaciones –ocupaciones– israelíes en tierras palestinas. Al conectar diferentes zonas de la ciudad, gran parte de ellas arrebatadas a la población palestina, el tranvía se ha convertido en el principal elemento vertebrador de diversos asentimientos ilegales que se encuentran diseminados por Jerusalén, consolidando, a juicio de las organizaciones civiles, “una realidad urbana dual basada en la discriminación sistemática de la población palestina”.

Un ejemplo de las prioridades del proyecto de tren ligero en el que participa CAF es la distribución de las estaciones. Aproximadamente el 83% de las construidas en la Línea Roja, de 6,8 kilómetros de longitud, ofrecen servicio a las colonias israelíes. En total, 33 paradas en territorios ocupados frente a las 6 que llegan a barrios exclusivamente palestinos. Las planificadas en los 20 kilómetros de la Línea Verde, aún en construcción, serán todavía más restrictivas para la población autóctona ya que sólo tendrán dos estaciones y estarán ubicadas en los aledaños de varios asentamientos ilegales.

El contrato que JTMT firmó con el consorcio del grupo empresarial vasco también contempla el diseño y suministro de 114 nuevos tranvías para la futura Línea Verde y la renovación de 46 unidades que actualmente prestan servicio en la Roja. Además, CAF suministra material a los sistemas de señalización, energía y comunicación de toda la red ferroviaria, y tiene garantizados la operatividad y el mantenimiento de ambas líneas para los próximos 15 años, en el caso de la Línea Roja, y de 25 años en la Verde. La inversión del grupo vasco en este proyecto supera los 500 millones de euros pero estima que el volumen de negocio le reporte beneficios cercanos a los mil millones de euros. El hecho de que su nombre figure en el informe sobre la economía de la ocupación y del genocidio de Francesa Albanese no ha pasado excesiva factura a CAF. En Oslo han logrado firmar un contrato de más de 150 millones de euros que contempla el suministro de 20 unidades de metro. En Barcelona ha llegado a un acuerdo con TMB para remodelar 34 vagones de las líneas L3 y L5 por valor de 82,2 millones de euros. En Bogotá, en cambio, fueron excluidos de la licitación de la línea segunda del metro y en Portugal perdieron el concurso ante la firma francesa Alstom por el mayor contrato de construcción de trenes de la historia del país valorado en más de 800 millones de euros. Pese a todo, la cartera de pedidos de CAF se incrementó en más de dos mil millones de euros entre 2023 y 2025 mientras que los beneficios alcanzaron el pasado año la cifra récord de 146 millones de euros.

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