“El PSOE ha continuado con la política de vivienda que desarrolló el PP”

Javier Gil (Madrid, 1985) es uno de los investigadores que más abiertamente ha discrepado de la política de vivienda del Gobierno. Miembro del CSIC y doctor en sociología por la UNED, acaba de publicar Generación inquilina (Capitán Swing), un análisis pormenorizado de los estragos que causa el modelo inmobiliario y cómo la angustia que produce en amplias capas de la población española ha comenzado a fracturar las bases del Estado del bienestar y amenaza al sistema democrático mismo. “Vivimos un contexto de concentración de riqueza basado en la propiedad que si no se reorganiza de una manera justa puede terminar dirigido por las extremas derechas de manera autoritaria”, avanza. Gil desenmascara en su libro a quienes no están dispuestos a renunciar a sus negocios y defiende con ardor la intervención del Estado en un mercado que marca su propia pauta especulativa. "El PSOE ha continuado con la política de vivienda que desarrolló el PP. Aprobar medidas tibias y ambiguas por miedo a chocar con los intereses del rentismo y de los grandes fondos de inversión es condenar cualquier intento de cambio al fracaso", apunta este investigador que ha publicado análisis en las revistas especializadas más importantes del mundo. Quizás por su conocimiento y por las timoratas respuestas que observa en la parte socialista del gobierno, Gil deposita su confianza en “esa generación precaria y excluida” para resolver un problema político que por su gravedad debería ser tratado como una cuestión de Estado.

Durante las últimas elecciones municipales, un representante del PP dijo en una conferencia que la mejor solución al problema de la vivienda era dejar al mercado tranquilo. ¿Le parece la medida adecuada?

La política del PP en vivienda siempre ha sido la planificación rentista donde el Estado se limita a favorecer la especulación y el alza de los precios

La política del PP en vivienda siempre ha sido la planificación rentista donde el Estado se limita a intervenir y regular el mercado para favorecer la especulación y el alza de los precios. Lo que ocurre es que suelen disimular ese intervencionismo con el mantra liberal de que el mercado se regula solo. Pero no es cierto. Está superregulado. He analizado detalladamente las guerras desatadas contra las políticas de vivienda y todo lo que está pasando hoy es fruto de un tipo de regulación destinada a considerarla un activo financiero, priorizando su función económica y especulativa sobre su función social. Evidentemente, esta política convierte la vivienda en uno de los elementos centrales para la obtención de beneficios. Pero, claro, se hace una costa de esa gran parte de la población que busca un hogar para vivir. Voy a ser muy claro: la mano invisible que regula el mercado de la vivienda es el Estado.

En el libro, destierra el mito de que el problema de la vivienda es técnico. Para usted es político. ¿Si hubiera voluntad política se encontraría la solución?

En España un casero puede echar a un inquilino al cabo de cinco años para buscar otro arrendatario que pague más

Sí. Muchos países europeos con un sector económico industrial fuerte y consolidado entendieron que debían proteger la vivienda porque era la única manera de garantizar unas condiciones dignas de vida a los trabajadores. Y empezaron por controlar la especulación inmobiliaria con leyes y potentes políticas de regulación de los precios de alquiler. Eso no ocurre en España donde un casero puede echar a un inquilino al cabo de cinco años para buscar otro arrendatario que pague más. En Alemania, Francia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Austria o Suiza eso es ilegal porque los contratos son indefinidos. Es decir, no permiten que una persona se quede en la calle con el argumento de que ha subido el alquiler. Se considera que este comportamiento es contrario a los principios sociales que deben articular el país. En Europa está funcionando pero aquí no se quiere aplicar.

Porque supone reducir los beneficios a los grupos rentistas. Sin embargo, en España, a estas medidas antiespeculativas se las presenta como un intervencionismo antinatural del libre mercado cuando, en realidad, sólo tratan de no perjudicar a quienes necesitan una vivienda para vivir. El problema es que hay tanto dinero en juego que se crean marcos culturales e ideológicos tan efectivos que la población acaba defendiendo políticas contrarias a sus propios intereses y marcadamente favorables a las élites rentistas.

¿Cómo explica que España tenga uno de los mayores parques de vivienda de Europa, pero al mismo tiempo sea uno de los países donde es más complicado alquilar una?

El problema en España es que la dificultad no sólo afecta a los sectores sociales más vulnerables sino que concierne a toda la población que en los años 80, 90 y 2000 no tuvo oportunidad de acceder a una vivienda en propiedad. En el libro se les denomina la nueva generación inquilina: gente que, independientemente de que tenga o no un trabajo, carece de posibilidades para adquirir un piso en propiedad. En este país seguimos siendo, en cierto modo, rehenes del viejo eslogan de un ministro de Vivienda franquista llamado José Luis Arrese que dijo que era mejor tener un país de propietarios que de proletarios. El neoliberalismo de finales del siglo XX, con políticos como Thatcher a la vanguardia, también empleó la estrategia de convertir en propietarios a la población obrera descontenta con sus políticas económicas de desposesión y reducción del estado de Bienestar. Pero el franquismo fue innovador en este sentido y los diferentes gobiernos democráticos se han limitado a perfeccionar su modelo. Ahí está el decreto Boyer de 1985 que liberalizó el mercado del alquiler, eliminó la prórroga forzosa indefinida de los contratos de arrendamiento e introdujo estímulos fiscales para incentivar la inversión privada en el sector inmobiliario. A partir de ahí, lo valioso ya no era tener un trabajo sino acceder a un crédito y convertirse en propietario de una casa porque el precio no ha dejado de subir y, por lo tanto, te hace más rico. Pero en 2008 todo saltó por los aires.

Con la explosión de la burbuja inmobiliaria, ¿no se perdió una oportunidad de oro para revertir este modelo?

Completamente. Pero en España se decidió no intervenir en operaciones de compra entre los fondos buitre y los bancos. Se apostó por todo lo contrario. El Estado puso una alfombra roja a los inversores extranjeros y nacionales rescatando bancos, creando la Sareb, reformando las socimis, cambiando la ley de arrendamientos urbanos, introduciendo la ‘Golden Visa’ e incluso permitiendo la venta de miles de viviendas muy por debajo del precio de mercado a fondos como Goldman Sachs para resolver el problema financiero. Esto empujó nuevamente los precios al alza y abrió un nuevo ciclo de especulación. Si esas miles de viviendas hubieran sido adquiridas por el Estado al módico precio que fueron vendidas a los fondos de inversión, el parque público de vivienda hoy sería mucho mayor y se habría podido transitar sin sacudidas hacia un modelo democrático del mercado inmobiliario. Desgraciadamente, el PP, que fue el arquitecto de esta obra, no contempló la función social de la vivienda. Desde su mayoría absoluta apostó decididamente por generar un nuevo ciclo de especulación para rescatar a los bancos y consolidar el rentismo como fuente de beneficios para unos pocos.

Dos de cada tres alquileres exigen al inquilino un sobreesfuerzo económico mayúsculo. Alrededor de 700 empresas, entre bancos y fondos de inversión poseen buena parte de esas propiedades pero también hay particulares que acaparan gran parte del parque viviendas. ¿Es posible reordenar esta realidad con un discurso político coherente?

Si analizamos el caso de Barcelona, vemos que un 1 % de los caseros poseen más de 15 viviendas

Aquí hay truco porque el mercado del alquiler es dual respecto al de propiedad. Si analizamos el caso de Barcelona, por ejemplo, vemos que un 1 % de los caseros poseen más de 15 viviendas. Cualquiera podría decir entonces, de hecho lo escuchamos casi a diario, que ese 1 % es una cifra insignificante para un problema tan grande pero no lo es en absoluto porque ese 1% es quien controla el 25 % de todo el mercado inmobiliario de la ciudad. Eso es una barbaridad porque, además, están organizados en patronales, en asociaciones y círculos con gran capacidad para generar tendencias en el mercado. Se les suele llamar ‘particulares’, un término quizá inteligente para contraponerlo a los codiciosos fondos de inversión, pero la realidad es que la actividad de ambos es la misma: el rentismo especulativo.

¿Y cómo habría que llamarlos?

Los multipropietarios son gente que puede ganar 5.000 o 6.000 euros al mes en alquileres

En el libro propongo denominarlos ‘multipropietarios’, gente que tiene dos, tres o más viviendas alquiladas a 1.500 euros cada una. Un particular, en mi opinión, es un vecino o un comerciante, pero no un casero que posee diez viviendas. Tampoco se les puede presentar como pequeños propietarios que se han ganado su derecho al negocio acumulando propiedades porque su objetivo es obtener beneficios altísimos mediante la especulación. Los multipropietarios son gente que puede ganar 5.000 o 6.000 euros al mes en alquileres.

Desde el Gobierno han intentado cambiar el modelo con incentivos a los propietarios para que bajen las rentas y subvenciones para la construcción de nuevas viviendas públicas. ¿Considera que son medidas progresistas?

En España no existe una política progresista en materia de vivienda. De alguna manera, el PSOE ha continuado con la política que desarrolló el PP. Nada ha cambiado. De hecho, durante los años de gobierno socialista, los precios de los alquileres han llegado a máximos históricos, el número de viviendas vacías ha subido, también los pisos turísticos con ese giro hacia el alquiler de temporada y el de habitaciones. Dijeron que iban a solucionar el problema pero no lo han conseguido. El nivel de sacrificio de los inquilinos se ha incrementado en estos últimos años.

La política si no es integral está condenada al fracaso. Aprobar medidas tibias y ambiguas por miedo a chocar con los intereses del rentismo y de los grandes fondos de inversión es condenar cualquier intento de cambio porque solo recibirá la oposición de instituciones muy poderosas. BlackStone, por ejemplo, es el primer propietario de vivienda en España y su fundador es uno de los grandes donantes de Donald Trump. Si el gobierno decidiera intervenir el mercado a favor de la mayoría social tendría que reducir los enormes intereses que obtiene de sus rentas y eso generaría una dura oposición. Sin embargo, creo que los dirigentes políticos deberían priorizar que lo que está en juego es la democracia. Ser moderado no soluciona la esencia del problema y alimenta los discursos sobre que la política no sirve de nada. El paradigma progresista sería regular los usos de la vivienda e intervenir en la construcción y en las operaciones inmobiliarias para sanear el mercado de especuladores.

A su juicio, ¿cuáles son las medidas urgentes?

Una de ellas sería aprobar el derecho de adquisición preferente por parte de la administración. Esto significaría que cuando un fondo de inversión vaya a cerrar una operación de compra, el Estado pueda intervenir adquiriendo esas propiedades por el mismo precio. De esta manera impediría el negocio especulativo y mandaría una señal de que ese negocio ha terminado. ¿Por qué no existe ese abuso en Austria, donde sólo un tercio del mercado inmobiliario es privado? Pues porque el beneficio que obtienen es bajo y no es rentable. Entonces, los fondos se van a otro lugar donde puedan continuar con su rodillo. ¿Y dónde han encontrado un filón para sus negocios? En España, donde tienen a su disposición todo el mercado.

¿Cree que la vivienda puede convertirse en el detonante de una explosión social?

La vivienda se ha convertido en un elemento central de la desarticulación social y de descomposición democrática

La población quiere otro tipo de política de vivienda. Lo dicen todas las encuestas. La gente quiere que se regulen los precios, quiere echar a los fondos buitre, quiere acabar con la concentración inmobiliaria. La vivienda se ha convertido en un elemento central de la desarticulación social y de descomposición democrática. Ahí, en ese núcleo, es donde surge la generación inquilina que da título al libro. Jóvenes a los que se prometió que podían aspirar a una vida digna, mucho mejor que la de sus padres, mediante el esfuerzo y el trabajo duro pero que ahora están en enormes dificultades no ya para comprar un piso sino para alquilar un apartamento o una habitación. Esto genera desafección y frustración en amplias capas sociales que ven cómo el bienestar no depende de lo que hagan en sus vidas sino de lo que puedan heredar de sus padres.

Y quien aprovecha esta deslegitimación del sistema está siendo la extrema derecha.

Sin duda. Vivimos un contexto histórico de concentración de riqueza basada en la propiedad que si no se reorganiza de manera justa y democrática nos puede conducir a un neoliberalismo autoritario gobernado por las extremas derechas. Los chavales, esa generación inquilina de la que hablo en el libro, tienen enormes dificultades para emanciparse. Están en mínimos históricos. Trabajadores que con 25 o 30 años siguen viviendo con sus padres porque no pueden pagar un alquiler. Esto es una anomalía. Y, claro, su reacción es el desinterés por una política que no da soluciones a su emancipación. La cuestión que también debería preocuparnos es si todo esto termina transformándose en un conflicto civil dirigido por una derecha que permita la concentración de riqueza. Confío en que esa generación precaria y excluida por la jerarquía de la propiedad, pero que conoce las contradicciones del sistema, pueda transformar el modelo para hacerlo justo y democrático.

En un país donde gran parte del suelo edificable está en manos de ayuntamientos y comunidades autónomas, ¿quién es el responsable real de la política de vivienda?

El gobierno central, sin duda, que es quien pone las bases de la política que se aplica en todo el país. Además, ni siquiera depende del Ministerio de Vivienda. Por ejemplo, la Sareb, el banco malo, está controlada por el Ministerio de Economía a través del FROB. Mire, si quisieran impulsar un nuevo paradigma podrían empezar financiando proyectos de promoción social y transformando viviendas en cooperativas en cesión de uso, interviniendo la compra de un edificio por parte de un fondo de inversión. De esta forma, el inquilino pagaría al Estado en lugar de hacerlo a propietarios privados. Eso es democratizar el modelo.

¿Puede el Ministerio de Economía financiar la compra de edificios?

Hace 10 años se rescató a la banca con 122.000 millones de euros, pero hoy no se puede movilizar el mismo dinero para solucionar el problema de vivienda

Sí, a través de su banco público que es el ICO. Lo que está en juego aquí es quién tiene acceso a la financiación. Si los tipos de interés siguen en mínimos históricos, que es lo que viene sucediendo en los últimos diez años, lo normal es que los fondos de inversión y los grandes rentistas se hinchen a comprar viviendas. Pero si el Estado, desde el Ministerio de Economía, lanzará líneas de financiación para promover la vivienda social a precio asequible e interviniera en las grandes operaciones para transformarlas en cooperativas, la crisis de vivienda se revertiría inmediatamente . Yo me pregunto por qué puede levantarse el límite al gasto público por la amenaza de guerra pero no por la vivienda. O por qué hace 10 años se rescató a la banca con 122.000 millones de euros pero hoy no se puede movilizar el mismo dinero para solucionar un problema cuando, además, no sería un gasto a fondo perdido sino que serviría para aumentar el patrimonio y la riqueza del Estado.

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