Una reforma laboral para volver a siglo XIX |
La serie tiene pretensión de distopía. Se llama Severance y plantea un mundo laboral donde los trabajadores mantienen una identidad escindida entre el trabajo y el tiempo libre. Gracias a un microchip colocado en el cerebro, apenas entran a la oficina no recuerdan absolutamente nada de sí mismos. Recién vuelven a recuperar su identidad y su memoria al final de la jornada laboral. Como empleado –en Severance– el sujeto pierde su conciencia. De esa manera, la patronal evitará –supone– los conflictos laborales de siempre. Desde que Javier Milei y la Libertad Avanza manejan la política y la economía de Argentina, insisten en el mismo objetivo. Lograr la atomización final del sujeto político más activo; el trabajador.
En ese esquema se inscribe la reforma laboral que está a punto de ser aprobada y promete llevar todo a una escala de precarización pocas veces vista en la historia de este país. Casi sin derecho a huelga ni de asambleas, sin posibilidad de decidir sobre sus vacaciones, con la jornada laboral extendida y a merced de los deseos y las necesidades del patrón. Así será la vida de un trabajador en caso de que el Senado termine por aprobar el proyecto que ayer se votó en Diputados.
Milei pone un cebo a donde van a ir todas las críticas y luego lo usa de moneda de cambio para acordar la aprobación del resto del proyecto
Milei pone un cebo a donde van a ir todas las críticas y luego lo usa de moneda de cambio para acordar la aprobación del resto del proyecto
El texto impulsado por el Gobierno –y asesorado por los directivos de las grandes empresas– viene de ser aprobado en el Senado (la semana pasada) y anoche sucedió lo mismo en Diputados. Pero como tuvo modificaciones volverá al Senado donde –tal como se prevé– será aprobado.
Con una modificación clave: el artículo 44 marcaba, básica y salvajemente, que si un empleado se enfermaba o sufría un accidente fuera del horario laboral iba a recibir el 50 % del salario. Pero hay una trampa. Así negocia la administración de Milei en el Congreso. Pone una carnada (un cebo) muy lejos, polémica y rancia, a donde van a ir todas las críticas y luego la usa de moneda de cambio para acordar la aprobación del resto del proyecto, plagado de artículos que solo favorecen la explotación patronal.
La Ley de Modernización plantea una transformación radical del mundo laboral tal y cual se lo conoce en Argentina, hasta ahora el país con mayores derechos laborales de la región, junto con Uruguay. Afectará a 15 millones de asalariados, entre registrados y no registrados, además de los más de dos millones de monotributistas.
Como siempre fuera del Congreso, el Gobierno no negocia; reprime. Así lo había hecho durante la sesión en el Senado y así lo hizo ayer. Cientos de agentes locales y federales taponaron las cercanías al Congreso desde temprano para impedir que los manifestantes pudieran acercarse.
Mientras, el país acató en una totalidad abrumadora a la cuarta huelga general impulsada por todo el arco sindical; desde la histórica y burocrática Confederación General del Trabajo (CGT) hasta los sindicatos paralelos y no alineados con esa central. El Gobierno los acusó de extorsionadores y de generar una pérdida de 500 millones de dólares con la medida de fuerza. Martín Rodríguez, analista político, dijo en X que “lo bueno de saber cuánto cuesta una huelga es que por fin se acepta lo que nunca dicen: que los trabajadores producen riqueza. El resto de los días a los trabajadores los tratan como a un costo”.
No hay un sólo punto en la reforma donde se beneficie al trabajador. No sólo eso sino que apunta directamente al corazón del trabajador como clase: la organización.
Por un lado, establece claras restricciones al derecho a huelga al plantear condicionamientos que la hacen prácticamente imposible para los sectores considerados esenciales. Actualmente se consideran esenciales a la salud, la producción y distribución de agua potable, la energía eléctrica, el gas y el control del tráfico aéreo. Ahora se añadirían la educación, telecomunicaciones, la aeronáutica comercial, el control de tráfico portuario, los servicios aduaneros y los migratorios. A todos ellos se les pedirá un mínimo del 75 % de asistencia para que la huelga sea legal. En un colegio con 100 maestros, sólo podrían adherirse 25 trabajadores. Una medida de fuerza sin fuerza.
Incluso, el texto apunta contra el derecho asambleario y deja la posibilidad de reunión casi al margen de la legalidad. De ahora en adelante, sólo con autorización de la empresa se podrá mantener asambleas en los lugares de trabajo. ¿Alguien imagina que los van a autorizar?
El tercer bombazo intenta destruir la capacidad colectiva de negociar salarios por rama o actividad; las negociaciones paritarias. Hoy, los convenios logrados por actividad funcionan como piso salarial; los acuerdos unilaterales de las empresas sólo pueden superarlos, nunca pueden ser inferiores con lo cual se generan condiciones de posibilidad para aumentar los salarios. La reforma busca invertir esa lógica y sienta las bases para la creación de los sindicatos de empresa: delegados que sólo representen a los trabajadores de un lugar; cortando de esa manera los lazos que generan los actuales sindicatos, donde se abarcan a todos los trabajadores de una misma actividad.
Mayor fragmentación sindical, menor poder colectivo
Matías Cremonte, abogado laboralista y presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, explica los alcances de la nueva ley: “Esta reforma sólo es comparable con la que hizo la dictadura militar en 1976. Incluso, en algún sentido, podría ser más profunda. Abarca tanto los derechos individuales, es decir, afecta, reduce y elimina una cantidad importante de derecho del contrato de trabajo pero también de manera contundente a la acción colectiva; restringe el derecho a huelga de manera prohibitiva, el derecho a reunión, modifica de manera radical el esquema de negociación colectiva llevándola a nivel de empresas”.
Hay una cuestión clara que apunta a desmantelar el derecho laboral no sólo en las bases sino en la estructura de la Justicia
Hay una cuestión clara que apunta a desmantelar el derecho laboral no sólo en las bases sino en la estructura de la Justicia
Para el abogado, hay una cuestión clara que apunta a desmantelar el derecho laboral no sólo en las bases sino en la estructura de la Justicia. “Afecta a la justicia del trabajo porque modifica algunas cuestiones propias del proceso judicial como por ejemplo eliminar la justicia nacional del trabajo. Entonces, es una reforma que intenta –y en gran parte puede conseguirlo– eliminar el derecho del trabajo. Es un retroceso absoluto al siglo diecinueve”.
Mientras la OIT avanza hacia un convenio de protección mínima de los trabajadores de plataforma, la ley impulsada por la Libertad Avanza “lo único que establece es una excepción y excluye a los trabajadores de plataforma de la aplicación de la ley de contrato de trabajo y afirma que no son trabajadores y son trabajadores independiente que deben negociar de manera individual las condiciones con las empresas”.
La reforma también afecta a las indemnizaciones. Hasta el momento, la cuenta final tomaba el mejor mes de la historia laboral de la persona e incluía aguinaldo, bonos, vacaciones. Ahora se pagaría en cuotas, se tomaría un solo mes (no el mejor) y sería financiado por el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) destinado a ayudar a las empresas con el pago de indemnizaciones, financiado con aportes del salario bruto de los trabajadores en un margen que va del 1 al 3 %.
Además, plantea la creación de un Banco de Horas: horas extra que no se pagarán en moneda corriente sino en tiempo libre; en días de descanso o reducción de la jornada laboral. Es decir, trabajo extra no pagado. Para Cremonte, “a través de este sistema, el tiempo de trabajo lo establece unilateralmente el empleador sólo en función de la necesidad de la empresa y sin tener en cuenta el descanso y la vida del trabajador por fuera de esa relación laboral”.
Otra de las cosas que van a cambiar son las vacaciones. Hoy tienen un mínimo de 14 días corridos pero ahora se podrán fraccionar cada siete días. La jornada laboral se iría de ocho horas a 12. Y, además, derogaría las leyes que regulan actividades particulares como el Estatuto del Periodista, del Viajante de Comercio, y del Trabajador a Domicilio. En el caso del Estatuto del Periodista es una estocada final a un oficio repudiado y bastardeado oficialmente por el presidente Javier Milei y todos sus funcionarios y asediado por el desempleo y la ultraprecarización del mercado.
Para Agustín Lecchi, secretario general del Sindicato de prensa de Buenos Aires, Sipreba, “el Gobierno busca disciplinar a todos los sectores sociales que tienen capacidad crítica y de cuestionar sus políticas de ajuste y de sumisión a los organismos internacionales y al Gobierno de Estados Unidos”. Por eso –agrega– “ataca a la prensa y a la comunicación, pero también a la cultura, a las universidades, a la comunidad científica; a todo aquel que emita el más mínimo cuestionamiento, el Gobierno lo ataca con todo el poder del Estado”.
Después de llenar de gases la plaza de los Congresos, de reprimir a manifestantes y a periodistas con balas de goma, la policía se llevó a varias personas detenidas. Entre ellas a un jubilado llamado Carlos, conocido por ser hincha de Chacarita Juniors, un histórico club que siempre navegó en las categorías del fútbol de ascenso. Desde que asumió Milei, Carlos va todos los miércoles a protestar a la plaza. En una de las represiones, cayó fulminado a gases, generó el repudio de todas las hinchadas y al miércoles siguiente llenaron la plaza. Cuando vuelva el proyecto de ley al Senado, también volverá Carlos con su camiseta de Chacarita. Y, otra vez, no estará solo.