Colombia, entre la paz y la vieja geografía del terror |
En su Carta a la Junta Militar, el periodista argentino Rodolfo Walsh aseguró que “hay una cosa que en la guerra sucia es más importante que los muertos y que los desaparecidos: los cómplices”.
En la tarde del pasado sábado 25 de abril, el olor a muerte inundó el kilómetro 38 de la vía Panamericana, en el sector de El Túnel de la jurisdicción de Cajibío, al norte del departamento del Cauca, en Colombia. Fue la última pieza del rompecabezas de un asedio que busca instalar un ambiente de zozobra en pleno contexto electoral. Se trata de una guerra de posiciones conveniente a un sector del país que ha aprendido a usar el terror para garantizar su recomposición hegemónica.
En este artículo no se abordarán los despojos humanos que dejó la ola de atentados terroristas en el suroccidente colombiano. Más bien se expondrán las relaciones históricas que hacen de esta región un botín importante en medio de la actual coyuntura electoral. El eje que guía el análisis es dual: a quién conviene vender y a quién comprar seguridad, por un lado, y, por otro, la forma que ha adquirido esto en las distintas prácticas de guerra sucia a lo largo de las últimas décadas: el Plan Colombia, la Seguridad Democrática y el actual Proyecto Júpiter.
La masacre del 25 de abril
A primera hora del domingo 26 de abril de 2026, Colombia amaneció con la confirmación de una masacre. El ataque había ocurrido a las dos de la tarde del día anterior. Según la reconstrucción de los hechos y los reportes oficiales recogidos por la Mesa de Justicia, un cilindro bomba fue lanzado contra un bus de transporte público que transitaba por la vía Panamericana, que conecta al suroccidente del país.
La potencia del explosivo (un cilindro de gas de 40 libras cargado con metralla) abrió un cráter de 200 metros cúbicos. Al momento de redactar este informe –con los partes de Medicina Legal aún calientes–, las cifras no cesan de ascender. El gobernador del Cauca reportó inicialmente trece muertos, pero el último boletín, del 26 de abril, habla de veinte víctimas fatales y treinta y seis heridos. Entre los cadáveres amanecidos en el asfalto no hay guerrilleros ni paramilitares, no hay burócratas con las manos sucias. Pero sí una lideresa social.
A primera hora del domingo 26 de abril de 2026, Colombia amaneció con la confirmación de una masacre
A primera hora del domingo 26 de abril de 2026, Colombia amaneció con la confirmación de una masacre
Patricia Mosquera, líder afrodescendiente, integrante del Consejo Comunitario del Puro de la subregión Alto Patía Norte, fue la víctima número 48 en la lista de líderes sociales fallecidos en lo que va de 2026, de acuerdo a los seguimientos de Indepaz.
Su asesinato no se trata de un “daño colateral”. Junto a su cuerpo fueron identificados doce nombres de víctimas civiles, pobres en su totalidad: Luz Dari Solarte, Libia Flor, Andrea Golondrino, Clemencia Valencia, Alirio Medina, Etelvina Valencia, Liliana Valenzuela Valencia, José Ciro Puliche, Tiodomira Salazar, Daniela Valencia y Virgellina Valencia. Todos oriundos de los corregimientos de Carpintero, La Pedregosa, La Palma y La Granja. Gente apenas dueña de su humildad.
Las disidencias como fusil del capital
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en una conferencia de prensa, puso los reflectores sobre alias “Marlon” (Iván Jacobo Idrobo Arredondo), subalterno de alias “Iván Mordisco” y jefe de una facción del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC. La recompensa por su cabeza es de 5.000 millones de pesos (casi un millón y medio de dólares), la más alta en la historia del país.
Pero aquí no se trata de cazar a un lobo solitario. El análisis político exige preguntarse a quién sirve un atentado de esta magnitud el 25 de abril, en el corredor vial más importante del suroccidente colombiano. Y la respuesta no es al oscurantismo guerrillero. Estos grupos, privados de su carácter político original tras los acuerdos de 2016, se han convertido en ejércitos mercenarios al servicio del narcotráfico, el capital rentista local y el ordenamiento territorial de los capitales transnacionales. Controlan el corredor del Pacífico hasta el norte del Valle del Cauca, la salida de la cocaína por el puerto de Buenaventura y la cordillera cocalera en el norte del Cauca, exactamente las zonas donde hoy ocurren los atentados.
La disputa que tuvo lugar el sábado en Cajibío no fue una emboscada política al Gobierno del Pacto, aunque así se presente. La ruta de los atentados coincide con los dominios paramilitares del antaño Bloque Calima, desmovilizado en 2004. Lo que esa huella pone en evidencia es la intención de retoma y control territorial de una ruta estratégica afectada por las políticas redistributivas del Gobierno que lidera Gustavo Petro, en particular las reformas agraria y laboral.
Los testimonios recogidos por el Centro Nacional de Memoria Histórica en el informe ‘Bloque Calima de las AUC’ lo confirman. Allí se afirma que la estructura paramilitar nacida en 1999 fue financiada por los mismos ingenios azucareros que hoy aparecen en el cuestionado “Proyecto Júpiter”, que busca sumar votos y posicionar a la candidata uribista Paloma Valencia por medio de la coacción.
Un dato no menor para entender la guerra de posiciones en medio de esta ola de atentados es que tanto Valencia como Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, son oriundas del departamento del Cauca. La primera viene de una antigua familia colonial que amasó su riqueza con el trabajo esclavo de las minas. La segunda es su oposición diametral: una destacada lideresa indígena enfrentada al despojo y la violencia estructural que afecta su territorio.
La candidata del apartheid caucano
Paloma Valencia es la candidata de los herederos de la Colonia. Su familia, los Valencia, fue parte de la élite esclavista y terrateniente del Viejo Caldas y el Valle. Su abuelo, el expresidente Guillermo León Valencia, legalizó el paramilitarismo mediante el Decreto 3398 del 24 de diciembre de 1965. Su gobierno, de marcada orientación contrainsurgente, exhibió también entre sus rasgos célebres la confrontación con el movimiento indígena liderado por Manuel Quintin Lame, la apertura de la ruta comercial hacia Israel y la suscripción del “Pacto del Olvido”, una articulación editorial con los principales medios de comunicación de la época cuya lógica fue silenciar la responsabilidad partidaria en la sistematicidad de la violencia.
En coherencia con el legado familiar, las........