Caos, elecciones y geopolítica en Perú |
Por el Pacífico Sur transita, aproximadamente, entre el 10 % y el 15 % del comercio mundial. Dentro de ese flujo viajan artículos como cobre (clave para la electrificación y la transición energética), hierro (base de toda la industria pesada), alimentos (seguridad alimentaria), energía (gas, petróleo). Es decir, insumos sin los que las economías no funcionan. Esto da a ese escenario un peso mayor del que sus dimensiones sugieren.
Una empresa china construyó el megapuerto de Chancay, en el centro mismo de la costa del Pacífico Sur, en playas del Perú, con vistas a unir aquella salida con el Atlántico brasileño. Toda la región sudamericana está entrando en una fase de reconfiguración de rutas comerciales, de competencia por infraestructura y desafíos ecológicos. También de disputa: sus recursos son objeto de codicia por parte de potencias extranjeras. Y los recelos del gigante militar norteamericano por la presencia china en lo que ellos llaman su patio trasero son ya inocultables.
Elecciones generales el 12 de abril
Así las cosas, uno de los temas centrales de la política peruana debiera ser el de definir posturas de alineamiento con alguna de las dos potencias en pugna, o –en el mejor de los casos– optar por una línea independiente y equidistante de ambas.
El 12 de abril habrá elecciones generales en el Perú, pero a ningún candidato parece interesarle la geopolítica, ni la relación con China o Estados Unidos. Ello a pesar de la conocida cercanía del presidente del Congreso con la embajada norteamericana, la campaña de desprestigio de la inversión china que ha llevado a cabo el nuevo embajador norteamericano, la masiva presencia de tropas norteamericanas en el territorio y la compra –contra la opinión de especialistas– de aviones militares estadounidenses que generará dependencia militar, realidades que no dejan dudas sobre lo que ocurre: Estados Unidos no tiene la intención de dejar ninguna pieza suelta en el rompecabezas sudamericano, lo quiere completo. Y esto debe también influir en el resultado de las elecciones de todos los países de la región.
La confusión del voto
La mafia dictatorial que gobierna el Perú desde el Congreso ha manipulado las normas electorales, lo que ha generado 36 candidaturas presidenciales, y otras tantas listas para senadores, diputados y Parlamento Andino en una sola cartilla electoral. Todo está organizado para crear una situación difícil de manejar tanto durante el proceso electoral como después de este.
Cada elector recibirá una sábana de 42 centímetros de ancho por 60 de alto y dispondrá de un minuto para votar
Cada elector recibirá una sábana de 42 centímetros de ancho por 60 de alto y dispondrá de un minuto para votar
Con 36 listas compitiendo para varios cargos, la cédula electoral parece un complejo crucigrama que propone a 108 personas solo en las fórmulas presidenciales (un presidente y dos vicepresidentes), además de 9.468 candidatos entre senadores y diputados que, sumando los 540 candidatos al Parlamento Andino, constituyen alrededor de 10.000 candidaturas (poco más o menos, pues hay listas incompletas). Así, la cédula tiene cinco columnas –presidencia, Senado nacional, Senado regional, diputados y Parlamento Andino– cruzadas por 36 filas, una por partido. Agréguese que el reglamento permite el voto preferencial, es decir, que hay columnas adicionales para poner, opcionalmente, los números de hasta dos candidatos preferidos en cada cargo, algo que variará el orden de las listas en el cómputo final. Cada elector recibirá una sábana de 42 centímetros de ancho por 60 de alto y dispondrá de un minuto para votar.
La confusión de la gente a la hora de emitir su voto, según varios ensayos, es muy alta. De acuerdo con Datum Internacional, el 61% considera que la cédula es confusa. Además, cálculos oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estiman que el cómputo final, en cada mesa de sufragio, podrá demorar alrededor de ocho horas.
Una reforma electoral de hace unos años hizo más fácil el registro de organizaciones políticas, pero establecía enseguida unas Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), al modo de Argentina, con una valla del 5 %, que hubiera filtrado a muchos grupos políticos, dejando a cinco o seis para la elección final, así que el Congreso eliminó las PASO. El descrédito de los partidos del pacto mafioso en el Congreso es tan grande que calcularon que solo dispersando el voto podrán mantenerse en el poder. En el camino ya habían inhabilitado a varios posibles candidatos que podrían haber crecido en votación. Pero eso no basta.
Mañas y fuerza represiva
Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, solicitó a la ONPE que le entregara el padrón o lista de electores de las elecciones de 2021. La ONPE se negó aduciendo confidencialidad y FP apeló ante un juzgado, que le concedió la apelación. La ONPE ya entregó el padrón sin incluir firmas, dirección ni huella digital, solo nombres y lugar de votación. Fujimori persiste en acusar de “fraude” al ganador de las elecciones en 2021, Pedro Castillo, a pesar de todas las pruebas en contra. Con ese argumento, obtuvo de un juzgado el acceso que le permitirá acercarse a los votantes en las miles de mesas de votación del sur peruano, sobre todo en las que no tuvo ni un solo voto. Es lo que reclamaba como imposible: que nadie la votara (un indicador de ignorancia por su parte, pues las comunidades rurales suelen decidir la votación de todos en asambleas y luego votan todos igual, según lo acordado). Es probable que el rechazo sea esta vez mayor, pero la coerción puede obligar a cambiar voluntades.
Hay más. Durante décadas, el sistema electoral peruano descansó en un principio simple que consistía en que el acta firmada en mesa cerraba el proceso. Las cédulas de votación, una vez cumplida su función, se destruían. Las nuevas normas determinan que los millones de cédulas de votación deben conservarse como probatorias, ya no se destruyen, y quedan en archivo bajo protección de las fuerzas armadas que, por estos tiempos, aparecen alineadas con el bloque mafioso de poder. Convertir las cédulas de votación en archivo permanente, con toda su complejidad a cuestas, no fortalece la transparencia del proceso. Si existen millones de cédulas guardadas cualquier actor puede impugnar actas, intentar reinterpretar votos, cuestionar intenciones, provocar controversias, lo que puede abrir la puerta a una judicialización interminable del resultado. Más actas podrán ir a observación, más expedientes podrán elevarse al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y puede haber más demora acumulada.
Agreguemos a ello una campaña ya iniciada por el pacto mafioso congresal, y su gran prensa adicta, que busca generar dudas acerca del desempeño de los órganos electorales. Y lo logran: solo el 30% de las personas expresan confianza en esos organismos que, además, ya han sido parcialmente infiltrados.
Encuestas: todo se mueve, todo seguirá cambiando
Organizar debates para 36 candidatos ha sido un enorme trabajo para la ONPE, y un enorme sacrificio para los electores. La pobreza de la oferta, la bukelización de las propuestas para combatir la violencia criminal y el sicariato nos ha mostrado a derechas, centros e izquierdas que compiten por la opción más extrema. Desde más cárceles y más penas hasta un comando de aniquilamiento…
Claro que sí hay candidatos que, en todos los espacios, muestran seriedad y solvencia en sus propuestas, pero se trata de cuatro o cinco, y no todos están entre los que aparecen liderando los resultados de las encuestadoras más confiables. Veamos. Téngase en cuenta que los bajos porcentajes mostrados tienen que ver con la dispersión del voto.
Comencemos con la encuesta más reciente, del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Muestra un estancamiento de la candidata Keiko Fujimori (10%) y un bajón del exalcalde de Lima, el ultraderechista Rafael López Aliaga (8,7%), los que durante semanas se habían mantenido en la punta. Ambos candidatos, afines ideológicamente, ven amenazada su posición por hasta cuatro candidatos estadísticamente empatados: Carlos Álvarez (6,9%), un actor cómico sin mayor propuesta pero muy conocido, y que en los años noventa se prestó para hacer campañas por el dictador Alberto Fujimori y lleva a varios postulantes al Congreso de dudosos antecedentes; un candidato de centroizquierda y antimafia –el exrector universitario Alfonso López Chau (6,3%)–, y otro de centroderecha –el académico y exministro de Cultura Jorge Nieto Montesinos (5,4%)–, ambos solventes programáticamente. Y dos novedades, el exalcalde de Lima cercano a los 80 años, Ricardo Belmont (5,2%), y un sorprendente Roberto Sánchez, de la izquierda que reivindica a Pedro Castillo, que crece apresuradamente y que ha pasado del pelotón de “otros” hasta un expectante 6,7%. Los demás candidatos se reparten los votos en pequeños porcentajes. La encuesta de IEP indica un 30% de indecisos, lo que a pocos días del acto electoral deja espacio para cualquier resultado.
La encuesta de IEP indica un 30% de indecisos. Una mayoría proviene del sector rural
La encuesta de IEP indica un 30% de indecisos. Una mayoría proviene del sector rural
Una mayoría de los indecisos proviene del sector rural, donde el candidato Roberto Sánchez, con sombrero a lo Castillo y la bendición de este último –además de sus parientes en las listas–, podría sumar esa indefinición a su favor.
Sin embargo, los resultados varían de manera significativa en un simulacro de voto de IPSOS, es decir con copia de la cédula de votación en la mano, efectuado una semana después. En este caso, para el conteo no se toman en cuenta los votos nulos o en blanco, que no son considerados válidos, lo que incrementa los porcentajes. Aquí aparece liderando Keiko Fujimori con un 18,6% de los votos válidos, y el cómico Carlos Álvarez (12,1%) desplaza a López Aliaga (10,9%) del segundo lugar. Sigue el izquierdista Roberto Sánchez con 9% de votos válidos, pero igualmente en ascenso. Los demás, mencionados más arriba por IEP, aparecen, en este simulacro, relegados al 6% o menos.
Los escándalos que mueven las cifras se suceden, pero vale la pena mencionar un incidente que retrata al Perú y puede significar el entierro político de López Aliaga. Este viajó al sur del país, a las regiones de las grandes movilizaciones de 2022 y 2023 que la expresidenta Boluarte reprimió a balazos, asesinando a decenas de ciudadanos. López Aliaga, entonces alcalde de Lima, no solo avaló la represión, sino que hizo la vida imposible en la capital a los manifestantes que llegaban. Obviamente, las protestas en su contra durante su viaje al sur fueron muy grandes. Y en la ciudad de Abancay debió refugiarse en una iglesia para evitar la lluvia de huevos que le arrojaban. Su respuesta fue un discurso retador en el que no solo se quejó del trato, sino que llamó “gente de mierda” a los manifestantes. Que un hombre de Lima, blanco y adinerado, insulte de esa manera a ciudadanos mestizos e indígenas provincianos es percibido como un gesto de desprecio y racismo. Y el personaje pagará el precio, por ahora en intención de voto.
Lo anecdótico sería una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, es decir una repetición de la segunda vuelta electoral en 2021. Lo único que podemos saber de seguro, sin embargo, es que el resultado final es absolutamente impredecible.
Por sentido común, deducimos que la mafia no querrá dejar el poder y hará todo lo posible por no perder, o perder lo menos. Las modificaciones a la Constitución, como ya hemos explicado cuando reseñamos la destitución de Boluarte, dan poderes inmensos al recién creado Senado que no podrá ser disuelto y sí podrá vacar al presidente. Por eso, en ese resultado –aún impredecible– se sabrá quién va a tener el mayor poder durante los próximos cinco años. El voto presidencial puede ser un indicador de lo que ocurrirá en el senado, pues un 55% ya afirma que votará al mismo símbolo en cada columna de la cédula y la complejidad de la misma puede desanimar a tratar de cruzar el voto.
Todos los obstáculos que llevan a presumir muchas dificultades en la definición de resultados solo podrían salvarse si se da una gran concentración de votación en una sola lista, algo que aún no se visibiliza. La presión externa norteamericana –como sucediera en Honduras, y ocurrirá en Colombia– y el apoyo de la gran prensa van a contribuir, asimismo, casi con seguridad, a la confusión.
Nadie dijo que sería fácil librarse de una dictadura, e incluso si el bando democrático lograra un triunfo electoral contundente el 12 de abril, y pudiera sostenerlo, recuperar al país tardará años.