Entre la visión utilitarista del Gobierno y los bulos ultras |
Es un debate que lleva décadas encima de la mesa, incluso fue protagonista de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que hace dos años recogió más de 700.000 firmas. Un largo camino de reivindicaciones hasta que, por fin, el pasado 26 de enero, el Gobierno impulsó con el respaldo de Podemos el cambio en la ley que hará posible regularizar la situación de hasta medio millón de personas migrantes en España, según estimaciones del propio Ejecutivo.
Han pasado 21 años desde la última regularización, y esta vez el cambio llegará a través de un real decreto ley. Cuando se apruebe, el texto permitirá que las personas sin antecedentes penales y que hayan vivido en nuestro país de forma continuada al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025 puedan solicitar un permiso de residencia y trabajo.
Desde que se conoció la medida, la extrema derecha ha estado difundiendo desinformación y bulos a través de sus agitadores digitales y portavoces habituales, generando controversias en torno a lo que realmente supone esta regulación, e intentando imponer en la opinión pública su marco xenófobo y de odio.
Esta atmósfera política, donde la ultraderecha pretende constantemente capitalizar el enfoque racista y excluyente en el debate migratorio, también explica por qué la regularización se ha llevado a cabo mediante la emergencia de un real decreto y no siguiendo el curso parlamentario que requiere cualquier ley ordinaria, y donde podría retrasarse o directamente quedar bloqueada por las derechas –como ya ha ocurrido con la revalorización de las pensiones o la moratoria de desahucios–.
Tras conocerse, el texto del real decreto fue sometido a audiencia pública, un periodo de consulta que finalizó el pasado viernes 6 de febrero, y en el que tanto la ciudadanía como colectivos y organizaciones sociales pueden presentar aportaciones y enmiendas al texto antes de su aprobación definitiva y su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
El calendario previsto por el Gobierno fija que el plazo para presentar solicitudes de regularización se abrirá a partir de principios de abril y se extenderá hasta el 30 de junio de 2026. Este proceso extraordinario responde a un diagnóstico compartido por el Ejecutivo y varias organizaciones que trabajan en materia de extranjería de que en España existe una bolsa de población muy significativa que ha ido quedándose al margen de las vías ordinarias de regularización, con importantes implicaciones sociales y económicas.
Esto, según la coordinadora del servicio jurídico en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Elena Muñoz, sucede porque “las vías ordinarias del reglamento de extranjería no han sido flexibles para absorber a esa población”. Muñoz comenta que, a pesar de que en 2025 los requisitos se flexibilizaron, la ley “sigue exigiendo que las personas estén dos años en situación irregular”.
Existen otras vías para formalizar la situación administrativa de los migrantes, pero están vinculadas a tener un contrato de trabajo, o matricularse en determinados estudios. Estas vías “son vías bastante estrechas”, añade Muñoz, que afirma que lo ideal sería que existiesen vías de regularización ordinaria permanentes, y no extraordinarias cada varios años.
Una regularización con varios peros
Esta regularización, aunque extraordinaria y con un alcance bastante amplio, se ha limitado a aquellas personas que cumplan una serie de requisitos de tiempo de permanencia en el país, conducta y circunstancias personales. Según el Gobierno, la medida está dirigida a aquellos extranjeros que ya se encontraban en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan acreditar una residencia continuada de al menos cinco meses hasta el momento de solicitarla. Esta condición de estancia previa no se circunscribe únicamente al padrón municipal, ya que se pueden emplear documentos públicos o privados como informes médicos, facturas de suministros, o incluso justificantes de envío de dinero para demostrar la permanencia continuada en el país.
Además de la residencia, otro requisito fundamental es que los solicitantes no tengan antecedentes penales y no representen “una amenaza para la seguridad pública”. Quienes cuenten con una orden de expulsión vigente por delitos graves u otras causas que afecten el orden público quedarán automáticamente excluidos del proceso.
Desde CEAR adelantan que donde más trabas puede haber es en la obtención de pasaporte o el certificado de antecedentes penales
Desde CEAR adelantan que donde más trabas puede haber es en la obtención de pasaporte o el certificado de antecedentes penales
El decreto también contempla la inclusión de “solicitantes de protección internacional”, es decir, personas que han presentado una petición de asilo u otra forma de protección ante las autoridades españolas antes del 31 de diciembre de 2025. Esta extensión reconoce que muchas de estas personas se encuentran en situación irregular mientras se tramita su solicitud de protección. No obstante, esto entra en conflicto con el endurecimiento de las políticas migratorias y de concesión de asilo impuestas por la Unión Europea a raíz del Pacto de Migración y Asilo aprobado en 2024. De hecho, la regularización no concede automáticamente derecho a residir o trabajar en otros países de la Unión Europea, ni un estatus de plena movilidad en el espacio Schengen más allá de lo que autoriza cualquier permiso español con visado de turista o similar.
Desde CEAR, Muñoz adelanta que donde más trabas y retrasos burocráticos puede haber es en los trámites relacionados con la obtención de pasaporte o el certificado de antecedentes penales. “Las administraciones tienen poco tiempo, apenas seis meses para responder a todas las solicitudes, y obtener información de según qué países de origen puede demorarse”.
En la brevedad de ese plazo incide también la abogada de Extranjería Elena Abella: “La principal dificultad que yo veo no es tanto a la hora de demostrar la estancia en el país, sino el hecho de poner en marcha la maquinaria que permita presentar todas las solicitudes y resolverlas en el plazo que han indicado”. Tanto Abella como Muñoz destacan que, si no se contrata a más personal, va a ser difícil tramitar tantos miles de expedientes en tan solo seis meses.
En cuanto a derechos otorgados, quienes reúnan los requisitos para regularizar su situación recibirán una autorización de residencia temporal que incluye permiso de trabajo por cuenta ajena o propia en cualquier sector y en todo el territorio nacional. El trámite también incluye la protección de la unidad familiar cuando hay menores. En estos casos la vigencia inicial se amplía hasta los cinco años.
Las estimaciones del Gobierno hablan de que alrededor de 500.000 personas podrían cumplir estas condiciones y acceder al procedimiento, aunque esa cifra depende de la capacidad de acreditación documental y de cuántas personas efectivamente presenten solicitud hasta la fecha límite en junio de 2026.
Según datos de FUNCAS, más del 80% de las personas en situación irregular que reside en España proviene de Latinoamérica
Según datos de FUNCAS, más del 80% de las personas en situación irregular que reside en España proviene de Latinoamérica
No obstante, el Ejecutivo no ha aclarado cómo ha obtenido esa cifra, y contrasta con las más de 800.000 personas en situación administrativa irregular que Moncloa calculó a principios de 2025. Como no existe una base de datos oficial que recoja cuántas personas en situación irregular viven actualmente en nuestro país, el Gobierno tampoco ha dado detalles sobre la nacionalidad de origen de los potenciales beneficiarios de la regularización.
No obstante, según datos de FUNCAS, la mayor parte (más del 80%) de las personas en situación irregular que actualmente residen en España proviene de Latinoamérica, seguida de países africanos (7%) y de otros países de Europa, Asia y Oceanía.
Migrantes vistos como cotizantes y mano de obra
El Gobierno ha defendido la regularización extraordinaria como “un acto de justicia” y de cumplimiento de los derechos humanos. Sin embargo, en el marco del discurso oficial se impone la perspectiva puramente económica, la que habla de los migrantes únicamente como activos útiles para la creación de empleo, el crecimiento económico y la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Hace tan solo unos días, el propio Pedro Sánchez desplegó este argumento en el New York Times, hablando de que los migrantes en situación irregular “no pueden pagar impuestos ni aportar a la seguridad social”. En su artículo de opinión para el diario estadounidense, Sánchez reconoce que la regularización atiende a razones pragmáticas: “Occidente necesita gente”, dijo antes de vaticinar que las economías del Norte Global “experimentarán un fuerte declive demográfico que les impedirá mantener a flote sus economías y servicios públicos. Su producto interior bruto se estancará. Su sanidad pública y sus sistemas de pensiones se resentirán […] La única opción para evitar el declive es integrar a los migrantes de la forma más ordenada y eficaz posible”.
Desde la federación de entidades sociales Red Acoge aseguran que este marco discursivo “invisibiliza a las personas migrantes y en algunos casos obvia que son titulares de derechos”. Elena Muñoz, de CEAR opina que la regularización no es una cuestión moral, sino de justicia social: “Las personas tienen derechos más allá de que administrativamente tengan un estatus de regularidad o no”.
Red Acoge insiste en que el reconocimiento y la protección de los derechos de las personas “no puede estar condicionado ni por su contribución económica al sistema, ni por su situación administrativa, ni por su lugar de nacimiento”, y consideran que llevar a cabo políticas migratorias selectivas basadas en criterios estrictamente utilitaristas que facilitan vías legales y seguras únicamente para cubrir sectores laborales rechazados por la población local, “vulnera los derechos de las personas migrantes y empobrece al conjunto de la sociedad”.
Bulos y odio desde la extrema derecha
Uno de los bulos más difundidos en redes y plataformas digitales, que Vox ha estado expandiendo mediante su web y las declaraciones de algunos de sus dirigentes es el del “efecto llamada”. Es totalmente falso que la regularización extraordinaria vaya a provocar un aumento en la llegada de migrantes a España para acogerse a la medida. Como deja bien claro el texto, la normativa únicamente se aplica a personas que ya se encontraban en el país antes del 31 de diciembre de 2025 y que acrediten residencia continuada según los requisitos exigidos. Quienes lleguen después de esa fecha no podrán beneficiarse del proceso de regularización, y no existe ningún mecanismo legal para que quienes han pisado por primera vez territorio nacional tras esa fecha accedan automáticamente a él.
El PP, siguiendo la estela de Vox, también ha arremetido contra la regularización, primero solicitando a la Comisión Europea que investigue si la normativa se ajusta a la política migratoria marcada por la UE, y después difundiendo el bulo de que los migrantes saturarán los servicios públicos.
Otro bulo concebido en el espectro ultra, y muy relacionado con el que difunde el PP es el que asegura que la regularización concedería automáticamente acceso a subsidios y prestaciones públicas sin ningún requisito previo. Esto también es mentira, ya que el acceso a ayudas sociales en España está sujeto a condiciones específicas de residencia, cotización a la seguridad social o el cumplimiento de ciertos criterios legales que no cambian por el hecho de obtener la regularización.
Otra línea argumental estrella de los agitadores de extrema derecha y los dispersores de desinformación es que quienes se beneficien de la regularización podrían obtener la nacionalidad española sin cumplir los requisitos legales habituales, incluido el certificado de antecedentes penales. Nada más lejos de la realidad. La regularización no otorga la nacionalidad, y la ley general exige años de residencia legal continuada, examen de idioma y cultura, además de acreditación de buena conducta, para poder solicitarla.