Casas con ‘bicho’: la deshumanización del inquilinato |
Al hacer clic en el anuncio de la app, la imagen muestra un solitario bloque de viviendas de cuatro pisos, situado a las afueras de una capital de provincias. El edificio se ve deteriorado, en estado de semiabandono. Se ven grafitis en las paredes y de las ventanas cuelgan persianas desvencijadas por el paso del tiempo. No hay nada en los alrededores, ni otras casas, ni parques ni servicios de ningún tipo. A un lado queda un amplio descampado. Al otro, la carretera de cuatro carriles en doble sentido que conecta las afueras con el centro de la ciudad. “Zona consolidada y bien comunicada”, explica el breve texto que acompaña al anuncio. “Año de construcción: 1951”. 73 metros cuadrados, sin ascensor. El precio del inmueble –teniendo en cuenta que a finales de 2025 la vivienda ya había batido todos los récords, superando incluso el momento previo al estallido de la burbuja de 2008– es, a primera vista, muy atractivo: apenas 60.000 euros. Una ganga. Desearía ver fotos del estado de la casa, para hacerme una idea de cuánto hay que gastar en reformas para dejarla habitable, pero eso no es posible. “Inmueble sin posesión y sin acceso al interior. Las características del activo podrían no ajustarse al estado actual”. El motivo se explica en el siguiente párrafo: “Propiedad ocupada por terceros. No se puede visitar. No apta para compradores que requieran financiación hipotecaria. El comprador será responsable de los trámites y gastos relacionados con la desocupación del inmueble”.
La situación descrita resulta familiar para cualquiera que consulte a menudo alguno de los principales portales inmobiliarios de nuestro país. De hecho, muchas de las apps permiten filtrar de antemano las viviendas a la venta entre aquellas que se ofertan como “nuda propiedad”, “alquilada, con inquilinos” y “ocupada ilegalmente”. Todas tienen algo en común: son casas con bicho, como se las denomina en el argot. O, dicho de otra manera, activos inmobiliarios que presentan el desafortunado inconveniente de que hay personas dentro usándolos para vivir. De ahí los importantes descuentos que se pueden encontrar a veces. Es obvio también que ese tipo de anuncios no se dirigen a ciudadanos particulares en busca de un techo al que poder llamar hogar, sino a inversores a los que no les importa pagar a tocateja cantidades mareantes de dinero, o esperar años –décadas incluso– a que los habitantes de esas casas mueran, como ocurre con las ventas de nuda propiedad, modalidad de la que solo en 2024 se registraron 1.817 operaciones en toda España tras tres años de subidas ininterrumpidas. Esos compradores saben que, en algún momento, recuperarán todo el dinero invertido, quizá con algún cero más de regalo. Y mientras esperan tranquilamente a que llegue ese día, ellos sí tienen una vida que vivir y un techo que habitar, uno del que nadie puede echarlos.
La creación de la economía de activos hizo que la riqueza empezara a basarse en la acumulación de activos, especialmente viviendas
La creación de la economía de activos hizo que la riqueza empezara a basarse en la acumulación de activos, especialmente viviendas
En Vivienda. La nueva división de clase (Lengua de trapo, 2024), Lisa Adkins, Melinda Cooper y Martijn Konings explicaban cómo la creación de economía de activos, que ellos sitúan a partir de la década de los setenta del siglo pasado, hizo que la riqueza empezara a basarse en la acumulación de activos, especialmente viviendas. Como la vivienda genera una rentabilidad altísima, es inevitable que la riqueza inmobiliaria reproduzca continuamente más riqueza inmobiliaria –o acaparamiento, si se prefiere–, y esto termina abriendo, en palabras de los autores del ensayo, “profundos abismos de desigualdad entre personas que ganan los mismos salarios, pero empiezan a diferenciarse por su condición de propietarios o inquilinos”. Es, en consecuencia, la propiedad o no de activos la que determina nuestra clase social, y ya no tanto nuestro salario o nuestro estatus profesional, que en la actualidad son cuestiones cada vez más líquidas.
Que las viviendas hayan dejado de ser los lugares en los que habitan las personas para convertirse en fuentes de riqueza –para unos pocos– y graves quebraderos de cabeza –para la mayoría– ha traído consigo efectos colaterales llamativos. Además de lo obvio –millones de personas en nuestro país tienen cada vez más problemas para consumar un proyecto de vida porque carecen del elemento material esencial para ello, es decir, un techo–, se está llevando a cabo una criminalización y deshumanización sistemáticas contra cualquiera que habite un hogar sin ser propietario del mismo, incluso aunque pague religiosamente el alquiler cada mes. Así lo reflejan términos en auge como el de los “inquiokupas” –un fenómeno que ha crecido en los últimos años, sí, pero sigue siendo residual y se debe, sobre todo, a la incapacidad sobrevenida para afrontar las subidas de los precios que imponen unilateralmente los rentistas–.
El 61,1 % de las personas que viven de alquiler llegan con lo justo a final de mes
El 61,1 % de las personas que viven de alquiler llegan con lo justo a final de mes
Un informe reciente, elaborado por el Gabinete socioeconómico de CGT, ponía de manifiesto que, si bien en 2025 la inflación oficial fue del 2,7 %, para los 3,3 millones de hogares que viven de alquiler a precio de mercado –y que representan en total unos 8,4 millones de personas– la inflación real fue del 4,7 %, debido a los altos costes de los alquileres. Otro estudio, publicado por Oxfam Intermón hace pocos días, denuncia que la población inquilina se encuentra asfixiada económicamente: el 61,1 % de las personas que viven de alquiler llegan con lo justo a final de mes o, incluso, tienen que echar mano de ahorros o endeudarse para poder afrontar su día a día. Además, casi el mismo porcentaje, el 60 % de los encuestados, considera poco o nada probable poder comprarse una vivienda en el futuro y, con ello, salir de la dinámica especulativa en la que se encuentran atrapados. Es decir, están condenadas a ser bichos durante el resto de su vida, a mudarse cada vez más lejos de sus familias, trabajos y redes de apoyo y a ser catalogados de “inquiokupas” si alguna vez tienen problemas para afrontar el pago del alquiler (algo que el 25 % de los encuestados afirma que podría ocurrirles). Un tercer análisis, también recién publicado, en este caso por el sindicato UGT, asegura, en la misma línea que el anterior, que el 35 % de los inquilinos teme que su alquiler suba de precio próximamente, porque va a vencer el contrato que suscribieron durante la pandemia de covid. Muchos temen que esto podría llevarles a perder su casa y tener que mudarse otra vez.
El pasado 18 de marzo, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzaba ante la prensa que el nuevo decreto de medidas extraordinarias para paliar las consecuencias económicas de la guerra de EEUU contra Irán no iba a incorporar la prohibición de los desahucios de personas vulnerables –medida que tampoco salió adelante cuando se votó en el Congreso el pasado mes de febrero– ni la prórroga de los contratos de alquiler que caducan en 2026 y 2027. Dos días después, el viernes 20, el Consejo de Ministros, que se reunió con dos horas de retraso tras el plante de Sumar, acordó dividir el paquete de medidas en dos decretos. Uno con la reducción del IVA de los carburantes, y otro que contendría la prórroga de los cientos de miles de alquileres pendientes de renovarse. Las medidas entraron en vigor este domingo, pero la convalidación del segundo decreto pende de un hilo, puesto que la mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso han anunciado que votarán en contra. De no convalidarse en el plazo de un mes, solo se beneficiarán de la medida las personas que hayan podido pedir la prórroga durante estas semanas.
A los bichos no les quedan ya muchas esperanzas a las que poder aferrarse.