Las entidades reguladoras fueron creadas para proteger el interés público, establecer reglas y evitar abusos de los operadores. Sin embargo, cuando una institución fiscalizadora adopta decisiones sin publicar la información que las respalda, su credibilidad queda en entredicho. Recibir recursos del Tesoro General del Estado no convierte a un regulador en brazo operativo del Poder Ejecutivo ni le permite justificar favoritismos políticos o empresariales.

El problema no se limita a quién dirige estas instituciones, sino a cómo ejercen sus atribuciones y qué información ofrecen de manera oportuna a la sociedad. Una regulación seria exige estudios verificables y cálculos revisables. Con informes incompletos o datos desactualizados, la ciudadanía debe aceptar medidas que afectan su bolsillo sin conocer sus fundamentos. La transparencia es una condición indispensable para rendir cuentas de manera pública y efectiva.

Uno de los asuntos que requiere explicación es la situación financiera de las cooperativas de telecomunicaciones. Durante años solicité información mediante diez cartas dirigidas a la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT). ¿Qué información recibieron los socios sobre sus aportes, que en muchos casos rondaron los 1.200 dólares por certificados? También corresponde saber qué fiscalización se aplicó y con qué resultados concretos para los socios.

Si los estados financieros no estuvieron disponibles de manera pública, completa y actualizada durante años, no basta con alegar que las........

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