La nacionalización de “autos chutos” (vehículos indocumentados) causó tanta repercusión en contra que obligó a la coalición política Libre, el retiro de un anteproyecto de ley presentado antes por uno de sus diputados a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero esta marea ya tuvo su historia antes de las elecciones nacionales 2025 donde fue parte de la oferta de Rodrigo Paz-Edmand Lara, con cumplimiento exigido por los “chuteros”, interesados directos. 

Ante el anuncio, surgieron reclamos de inmediato, sin entender que una nueva nacionalización de “autos chutos” seguiría abriendo fronteras a la delincuencia internacionalizada, además de profundizar los problemas en cadena que hunden al país. Es obvio que echar un pie atrás en la propuesta y el retiro de la agenda no es por aplicar lo que beneficia al país, es ante la molestia y reclamo de Chile por la delincuencia agravada en el norte de su territorio, apenas anunciada la propuesta en Bolivia.

Hagamos una retrospección histórica del apoyo gubernamental que dio lugar a la evolución de uno de los mayores lastres. Si bien se autorizó la nacionalización y regularización de automotores indocumentados con decretos supremos 24604 (en 1997), 25093, 25234 y 25248 (en 1998) de Hugo Banzer, se hizo excepción de automotores robados; en 2004 con D.S. 27627........

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