La promesa aún no cumplida por el presidente Rodrigo Paz de distribuir los ingresos nacionales en una proporción de 50-50 por ciento ha despertado nuevamente la expectativa sobre la necesidad de consensuar un pacto fiscal.

Cada cierto tiempo el debate público vuelve al mismo punto: la distribución de recursos entre el nivel nacional y los gobiernos departamentales. Se habla de “reparto justo”, de “equidad fiscal”, de “compensaciones históricas”. Todo legítimo, pero hay una pregunta que casi nunca se responde con claridad: ¿quién debe hacer qué?

Antes de discutir cuánto dinero recibe cada nivel del Estado es imprescindible clarificar las competencias. Sin delimitación funcional precisa, cualquier redistribución se convierte en un parche financiero sobre un diseño institucional defectuoso.

El problema no es solo cuánto se transfiere, sino para qué.

En Bolivia, el modelo autonómico avanzó en discurso más rápido que en arquitectura operativa. La Constitución Política del Estado prevé competencias exclusivas, concurrentes y compartidas. En la práctica, abundan las superposiciones, las zonas grises y las duplicidades administrativas con resultado previsible: conflictos políticos, ejecución ineficiente y responsabilidad difusa.

Cuando una carretera secundaria se deteriora, ¿es competencia nacional, departamental o municipal? Cuando un hospital de tercer nivel colapsa, ¿quién planifica, financia y gestiona? Cuando se habla de desarrollo productivo, ¿qué rol corresponde a cada instancia?

Sin una matriz clara de responsabilidades, el ciudadano de a pie no sabe a quién exigir. Y cuando la rendición de cuentas se diluye, la eficiencia también.

Un pacto fiscal serio no puede reducirse a porcentajes. Debe partir de un inventario técnico de competencias reales, capacidades institucionales y fuentes sostenibles de financiamiento. Asignar recursos sin delimitar funciones incentiva el gasto improductivo, fomenta la disputa política y perpetúa la dependencia vertical.

La autonomía no es simplemente recibir más dinero, sino ejercer competencias con responsabilidad, planificación y capacidad de ejecución.

Clarificar competencias también implica evaluar capacidades. No todas las gobernaciones ni todos los municipios tienen la misma estructura técnica ni la misma base tributaria. Transferir funciones sin fortalecer gestión inevitablemente significa trasladar problemas. Y concentrar recursos sin exigir resultados, perpetuando ineficiencias.

Primero definición; luego, distribución.

El país necesita una discusión madura que trascienda la lógica coyuntural. Un acuerdo que precise qué corresponde al nivel central —políticas macroeconómicas, regulación estratégica, infraestructura de alcance nacional— y qué a los departamentos —articulación regional, planificación territorial, desarrollo productivo específico—, pero sin ambigüedades operativas. Solo después podrá hablarse de un reparto justo.

Porque justicia fiscal no significa igualar cifras, sino financiar adecuadamente responsabilidades claras. Y la responsabilidad empieza por saber exactamente dónde comienza y dónde termina cada competencia. Sin esa claridad, cualquier redistribución será apenas un nuevo capítulo en la larga historia de tensiones entre los distintos niveles de gobierno. Con ella, en cambio, puede comenzar una etapa de corresponsabilidad real.

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