La aprehensión del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, ha abierto una crisis institucional que va mucho más allá de la situación jurídica de una persona. El Ministerio Público es una pieza esencial del Estado y, precisamente por eso, la salida de su máxima autoridad no debería resolverse mediante improvisaciones, presiones políticas ni interpretaciones acomodadas a la coyuntura.

El problema tiene una respuesta en la propia legislación. La Constitución Política del Estado (CPE), en su artículo 226, establece que el Fiscal General es la autoridad jerárquica superior del Ministerio Público y ejerce la representación de la institución. El artículo 227 dispone que su designación corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional, por dos tercios de los miembros presentes, previa convocatoria pública y concurso de méritos. No existe, por tanto, una atribución presidencial para nombrar por decreto al Fiscal........

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