La meritocracia no consiste únicamente en aprobar un concurso público ni en acumular títulos y certificados. Es, ante todo, un principio de organización del Estado; el acceso, la permanencia y la progresión en la función pública deben depender de las capacidades, la experiencia, la integridad y el desempeño, no de la cercanía con quienes ejercen el poder.

Cuando el mérito es desplazado por el clientelismo, la administración pública deja de servir a la ciudadanía y se convierte en un espacio de favores, recompensas y castigos. Las designaciones discrecionales, las contrataciones temporales y las rotaciones motivadas por intereses políticos debilitan la memoria institucional, interrumpen las políticas públicas y reducen la capacidad estatal para responder a las necesidades de la población.

La alternancia democrática no debe confundirse con la ocupación partidaria del Estado. Cambiar las políticas públicas no significa reemplazar a funcionarios competentes por personas cuya principal credencial sea su lealtad política, su participación electoral o su cercanía con la autoridad de turno. Una administración profesional debe permanecer........

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