¿Ley de Emergencia o monstruo legislativo? |
El autor de esta columna analiza los fundamentos de una ley ómnibus, como la anunciada por el Presidente Kast y que se espera que presente el Gobierno en el Parlamento. Sostiene que «la idea matriz —’reconstrucción y desarrollo económico y social’— es tan ancha que no delimita nada. Con ese mismo paraguas se podría justificar la reforma al Código del Trabajo, a políticas de género o la política exterior. Que el gobierno tenga mayoría para aprobar este paquete no significa que tenga razón para presentarlo así. La democracia no se mide solo en votos: se mide también en la calidad del debate que precede a esos votos, y ese debate, aquí, fue clausurado antes de comenzar».
Imagen de portada: Prensa Presidencia
Hay una categoría en el derecho parlamentario comparado que describe con precisión lo que el Presidente Kast presentó en cadena nacional: la llamada omnibus bill. El término, tomado del latín —»para todos»—, designa aquellos proyectos de ley que, bajo una misma carátula y votación, empaquetan materias heterogéneas que no guardan entre sí una relación de sustantividad real. El nombre es adecuado: como el viejo coche de caballos que recogía pasajeros de destinos distintos, la ley ómnibus transporta en un solo vehículo normativo reformas que, en condiciones normales, exigirían debates separados, distintos informes técnicos y quórums diferenciados.
El Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social es un ejemplo canónico del género, un real contrabando legislativo. Es también, en el sentido más literal de la expresión, un Frankenstein legislativo: una criatura ensamblada con fragmentos de distintos cuerpos normativos, cosidos entre sí con la urgencia como hilo conductor y presentada al Congreso como si tuviera relación y coherencia orgánica. Como el monstruo de Mary Shelley, impresiona por su tamaño, desconcierta por su composición y resulta difícil de detener una vez que se ha puesto en movimiento.
Que Ñuble, Biobío y Valparaíso necesitan recursos urgentes es indiscutible. Las catástrofes que han golpeado esas regiones dejaron una deuda habitacional y social que el Estado no puede diferir. Pero de esa premisa verdadera no se sigue que la misma ley deba también rebajar el impuesto corporativo de 27% a 23%, establecer un crédito tributario por empleo formal, eliminar las contribuciones de bienes raíces a los mayores de 65 años, eximir de IVA la venta de viviendas nuevas, establecer una moratoria de cuatro años al ingreso de nuevas instituciones al sistema de gratuidad universitaria y crear un mecanismo de reembolso........