Financiamiento a los estudiantes de educación superior: ¿Está mal “pela'o” el chancho? |
El autor de esta columna analiza el sistema de financiamiento de la educación superior que se discute en el Congreso, pero pone el acento en que hay muchos conceptos que no están considerados en la discusión. Y sostiene que «el avance en este campo requiere mucho diálogo sincero de clarificaciones muy importantes, pero antes de ello de decisiones políticas trascendentes sobre la universalidad de la política de gratuidad y, el debate de esta política en un marco mucho más amplio como es el FES, que necesita de precisiones político-técnicas determinantes sobre los valores públicos que fundan su diseño y sus resultados esperados».
Créditos imagen de portada: Pablo Ovalle / Agencia Uno
Tanto en Chile como en América Latina, los movimientos estudiantiles de educación superior han detonado cambios importantes en nuestras sociedades. Uno de los más insignes fue el de Córdoba (Argentina) el año 1918, seguido de muchos otros como el chileno de 1967 con la célebre denuncia puesta en el frontis de la Casa Central de la Universidad Católica, «Chileno: El Mercurio miente”, hasta el movimiento de 2011, liderado por la generación política que hoy está en el Gobierno. Todas, muestras evidentes de que se trata de una temática de gran resonancia relacionada, esencialmente, con la oportunidad de acceder a la educación terciaria, lo que implica además poder financiar sus estudios, que es uno de los obstáculos más significativos al respecto.
El movimiento estudiantil de 2011 puso en la agenda pública esta discusión la que se tradujo –algunos años más tarde- en la actual normativa de gratuidad universal para los estudios de pregrado de quienes pertenecen a los primeros seis deciles socioeconómicos de la población, proceso que considera incremento en la cobertura de la población vinculada al crecimiento del PIB, cuyo avance se entiende será muy lento.
La gratuidad fue un cambio en la lógica que orientó las políticas públicas de financiamiento de la educación chilena de las últimas décadas. Ésta se orienta a cubrir los costos de matrícula y arancel en la educación superior a partir de un sistema de fijación de precios regulados por un ente autónomo.
Como dijéramos en una columna reciente sobre el presupuesto público de educación para el año 2026 en la última década el dedicado a la educación superior ha crecido desmesuradamente, siendo el segundo en importancia del Ministerio de Educación, tensionando en demasía al sistema para cumplir sus compromisos, tanto respecto del CAE (Crédito con Aval del Estado) como de la Gratuidad han duplicado las estimaciones financieras de los informes iniciales de Hacienda, incluso a costa de otras partidas presupuestarias del mismo Ministerio.
Enfrentar una crisis política y financiera de esta magnitud era predecible desde el mismo debate de la ley (2016), aunque muchos no quisieran verlo entonces. Para plantarse esta temática es fundamental preguntarnos en la actualidad si ¿es sustentable para un país de ingreso medio como Chile dar un soporte financiero de esta naturaleza de carácter universal a todos los estudiantes actualmente considerados?, y ciertamente más aún si debiesen aumentar los recursos hasta llegar a cubrir al 90% de la........