Es un compromiso asumido por el gobierno, cuyo esfuerzo muestra hasta ahora conquistas menores y cambios pendientes, describe la siguiente columna de Opinión para CIPER: «En materia de descentralización, para nuestro país quedan todavía grandes deudas, cuya actualización se ve dificultada por la inexistencia de una real voluntad del Ejecutivo por entregar poder a los territorios, contar con capacidades instaladas para enfrentar nuevas responsabilidades y la existencia y coordinación de una participación ciudadana activa que fiscalice eventuales delitos de corrupción.»
El próximo mes debiese finalizar el compromiso asumido por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo en torno a reactivar la elaboración de una “Política Nacional de Descentralización”, protocolo que fue firmado en enero de 2023 por el gobierno y gobernadores regionales. Se trata de un esfuerzo de largo aliento, que ya ocupaba a nuestras autoridades en 1990, cuando un trabajo coordinado entre esa subsecretaría —de la mano, entonces, de destacados profesionales y académicos— y la del Interior dio como resultado la creación de los gobiernos regionales (en 1993).
Desde esa fecha al día de hoy, hay experiencia acumulada y se cuentan avances importantes en el ámbito legislativo a este respecto, tales como la reforma constitucional que permitió la elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional (Ley nº 20.990) y del gobernador regional, así como la transferencia de competencia a los gobiernos regionales (leyes n° 21.073 y n° 21.074). Sin embargo, en materia de descentralización, para nuestro país quedan todavía grandes deudas, cuya actualización se ve dificultada por la inexistencia de una real voluntad del Ejecutivo por entregar poder a los territorios, contar con capacidades instaladas para enfrentar nuevas responsabilidades y la coordinación de una participación ciudadana activa que fiscalice eventuales delitos de corrupción. En la presente columna y a partir de la simple observación y consulta de información oficial se entrega lo que se consideran avances del proceso descentralizador, considerando el período de los últimos cinco años, aunque también la identificación de importantes asuntos pendientes.
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Si consideramos las dificultades a que se vio enfrentada la descentralización en sus inicios, cuando la orgánica de los gobiernos regionales consideraba la figura del intendente regional en el doble rol de ejecutivo del gobierno regional y representante del Presidente de la República en el respectivo territorio jurisdiccional, podríamos señalar que los avances al respecto han dado cuenta de lo difícil que era y sigue siendo «soltar» algo de poder. Desde esa realidad al día de hoy no podemos ignorar el cambio sustantivo que representa para el proceso descentralizador la elección directa de los gobernadores regionales, los que posicionados en su rol han........