El autor de esta columna analiza el debate generado por la norma presentada por el Gobierno para exigir fundamentación para las desvinculaciones de los funcionarios públicos a contrata. Sostiene que «la solución definitiva a este problema requiere una reforma estructural que elimine la distinción entre planta y contrata, fusionándolas en un estatuto único de empleo público profesional. Esta propuesta debe poner el mérito en el centro. El ingreso a cualquier cargo profesional o técnico debe ser estrictamente por concurso público y bajo estándares de competencia técnica verificables, eliminando la discrecionalidad del jefe de servicio».

Créditos imagen de portada: Víctor Huenante / Agencia Uno

La reciente serie de Netflix «Muerte por un rayo» ha dado visibilidad a un capítulo fundamental de la historia administrativa: el fin del spoils system o sistema de despojos en Estados Unidos. La trama, que narra el asesinato del presidente James A. Garfield a manos de Charles Guiteau, un buscador de cargos frustrado que reclamaba su recompensa por servicios electorales, ilustra de manera cruda una era en la que el empleo público era la moneda de cambio de la lealtad política. Aquella tragedia fue el catalizador de la Ley Pendleton de 1883, que marcó el tránsito hacia un sistema meritocrático donde el servicio al Estado se separaba, al menos formalmente, de la servidumbre al caudillo de turno. Sin embargo, al observar la actual crispación en Chile ante la denominada “ley de amarre”, donde se acusa al gobierno del presidente Boric de blindar cargos para evitar desvinculaciones ante el arribo del presidente electo, José Antonio Kast, queda claro que las sombras del clientelismo no son un anacronismo televisivo, sino una tensión persistente en el corazón de nuestra administración pública que se agudiza ante la polarización de los ciclos electorales.

En Chile, en las últimas décadas han existido esfuerzos por favorecer la meritocracia a través de hitos como la........

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