Represión policial, discapacidad y Derechos Humanos |
El autor de esta columna advierte que la represión policial en las protestas no solo deja heridos, sino discapacidades permanentes que destruyen trayectorias laborales, afectan la salud mental y reducen la autonomía de las víctimas. A partir de los casos de trauma ocular del estallido social en Chile y de episodios recientes en Francia, Estados Unidos y Argentina, sostiene que las políticas de austeridad detonan movilizaciones que luego se contienen con una fuerza desproporcionada, mientras la reparación del Estado sigue siendo insuficiente y la impunidad persiste. Concluye que “una sociedad democrática no se mide solo por su crecimiento económico, sino también por la capacidad de proteger a quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad y garantizar sus derechos”.
Imagen de portada: Diego Martin / Agencia Uno
En 1987 comencé mi labor como dirigente en el área de la discapacidad y desde aquel entonces, en mis recorridos por Chile y América Latina, en plena época de dictadura, he podido ver el impacto multidimensional que produce la represión policial y de agentes de inteligencia. La violencia y la tortura, fueron dejando decenas de miles de personas mutiladas, con discapacidades físicas, sensoriales e intelectuales, en todo el continente.
El INDH en Chile ha presentado 3.777 querellas por víctimas del estallido social de 2019, con una edad promedio de 26 años. De ellas, 3.581 corresponden a víctimas con lesiones físicas y 220 a casos de trauma ocular en el registro, siendo Gustavo Gatica y Fabiola Campillai los dos casos más emblemáticos de trauma ocular y ceguera total bilateral. Sus historias se convirtieron en símbolos internacionales de las denuncias por violaciones sistemáticas a los derechos humanos y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de Carabineros de Chile.
Si bien el Estado chileno ha instaurado el Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO) para atender y dar seguimiento médico y psicológico a las víctimas de trauma ocular tras estas manifestaciones, en la práctica resulta reactivo e insuficiente, ya que la discapacidad adquirida por violencia policial no se limita al daño anatómico. Puede destruir una trayectoria laboral, alterar relaciones de pareja, familiares, afectar la salud mental y la autoestima y reducir la autonomía. Por eso, la reparación del Estado no puede limitarse a cirugías, prótesis o controles........