El Consejo de Ministros quiere aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2025 en Moncloa y subcontratar con el Parlamento la responsabilidad de su validación para que puedan entrar en vigor, que es tanto como dejarla en manos de todos los grupos parlamentarios salvo el socialista. Pero tal como está el patio en la Carrera de San Jerónimo, todo apunta a que si hay salvoconducto presupuestario será por milagro, y el país estará abocado a la prórroga de unas cuentas ya prorrogadas este año: la prórroga de la prórroga.
Es una anomalía desconocida, pero a la que la inestabilidad política ha acostumbrado a los administrados que financian los recursos y a quienes los reciben, y que no es sino un episodio más de la debilidad creciente de la utilidad de la política, por mucho que quienes la ejercen quieran disfrazarla de la virtud que sortea y surfea las hostilidades de los grupos que no comulgan con el Gobierno. Sin Presupuestos no se debe gobernar, no se puede gobernar, salvo aceptar que con decretos pueden convertirse en recursos públicos más del 40% de la producción de riqueza del país para darles destino como gasto público.
En condiciones normales, La ley de Presupuestos Generales del Estado es la más importante de cuantas pasan cada año por las Cortes. En condiciones normales. Marca el contexto en el que se desenvuelven las decisiones de la Administración pública y las de todos los ciudadanos, sean contribuyentes netos o perceptores de los recursos. Unos y otros están pendientes de cuánto le quitan y cuánto le dan, y en función de ambas variables planifican su actividad, su renta, su consumo, su inversión y su futuro. Pero en todas las grandes economías europeas, en las que el intervencionismo público, con más o menos intensidad, impregna la mitad de la economía y condiciona el margen de........