El problema no es que Cataluña tenga una financiación “singular”. País Vasco, Navarra y Canarias la tienen. Y la tuvo cuando Aznar, a cambio de los votos de CiU en su primera investidura, le amplió hasta el 30% la cesión del IRPF tras haber criticado la cesión del 15% de González porque “rompía España”. El problema es que el resto de Comunidades Autónomas y el Parlamento de España deben de estar de acuerdo con ello, como lo estuvieron tras generalizar dicha cesión a todas las comunidades.
Para este objetivo, ayuda poco la actitud supremacista y chantajista del independentismo catalán, que solo quiere hablar con el Gobierno de España, olvidando que, en una democracia, contamos todos. Tampoco ayuda que el debate encubra que una parte quiere seguir pedaleando para ocultar el destrozo que sus años de política-ficción han causado a Cataluña y que la otra parte sigue haciendo de la necesidad, virtud, sometiendo los principios al acceso al poder. Todavía, tras la aplicación del artículo 155, algunos siguen manteniendo la falsa ensoñación de una nación catalana soberana, que negocia de igual a igual con el Estado español, confundiendo, otra vez, deseos con realidad, y Gobierno, con Estado.
La Constitución dice (artículo 2) que existe el derecho a la autonomía de “las nacionalidades y regiones” que integran España, bajo la “indisoluble unidad de la nación española”. Es decir, admitir la posible independencia de una parte de España exigiría cambiar la Constitución, y, en segundo lugar, establece una diferencia, clara e indeterminada, entre “autonomías” y “regiones”. Además, en el debate en Comisión de la Constitución quedó entendido que el viejo........