Como reflejaba una de las conclusiones de la COP28 celebrada en Dubái, la política energética debe estar basaba en la transición de los combustibles fósiles a las renovables. Con esta apuesta, para los países que conforman la Unión Europea (UE), carentes de recursos fósiles propios, se abre la posibilidad estratégica de dejar de ser un área energéticamente dependiente y poder consolidar su potencial económico en base a la autonomía energética y a la independencia tecnológica e industrial.
En España, este desafío es, aún más, si cabe, una realidad, a tenor de los objetivos marcados, no solo en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), también en todo el desarrollo normativo enfocado en que la oferta renovable sea mayoritaria en el mix energético. Esta consideración no es una opción ideológica, sino que surge de la inexistencia de alternativas viables a las fuentes renovables.
La implantación renovable encierra, por la distribución territorial del recurso energético y por su modularidad en cuanto al tamaño de las iniciativas, una nueva forma de cubrir nuestras necesidades y la apertura de los mercados energéticos, tanto a los consumidores como a multitud de agentes que con el sistema actual centralizado tienen difícil acceso.
El desarrollo y cumplimiento de los objetivos fijados lleva consigo la necesidad de ocupar terreno, principalmente en el medio rural y, por lo tanto, de interactuar con el medio natural y con las personas que viven en la zona. Aunque, en términos globales, esta ocupación no supone porcentajes significativos, la influencia de algunas iniciativas están provocando una corriente de oposición a las renovables. Se trata de iniciativas intensivas que no tienen en cuenta la realidad........