En los últimos meses se ha incrementado la presión mediática por parte de los propietarios de las centrales nucleares, y del PP y de Vox, para pedir que el cierre programado y pactado, en julio de 2019, entre las eléctricas y el Gobierno, no se ejecute. El acuerdo supuso la prórroga del permiso administrativo de funcionamiento de todo el parque nuclear 10 años más, aunque se sobrepasará la vida útil prevista de 40 años de funcionamiento, las centrales dejarán de operar entre los 45 y los 48 años. La primera en cerrar, en noviembre de 2027, con 46 años de funcionamiento, será Almaraz I, cuyo procedimiento administrativo de cierre debería iniciarse en noviembre de este año.
El sector eléctrico tenía la esperanza de que el acuerdo alcanzado para el cierre fuera papel mojado, porque con el resultado previsto de las elecciones de julio de 2023, la apuesta nuclear, según los programas electorales del PP y Vox, se revitalizaría. También es verdad que el horizonte de cierre deja abierta la esperanza, para la energía nuclear, de la llegada de tiempos políticos mejores para revertir el cierre, aunque haya serias dudas sobre su viabilidad económica.
Pensar que esta discusión obedece exclusivamente a criterios de política energética es no conocer cuáles son los parámetros en los que se mueve la opción nuclear como alternativa real a la apuesta por un modelo sostenible y no dependiente para la cobertura de nuestras necesidades energéticas. La energía nuclear no es una alternativa, ni por su presente ni por sus proyecciones futuras. Aunque no emita CO2, la gestión de los residuos radiactivos y la necesidad de su contención eterna es una verdadera hipoteca para las generaciones futuras y una incertidumbre constante por la........