Los partidos nacionalistas e independentistas vascos y catalanes generan mucho ruido reclamando competencias. Este es el caso de la transferencia de la Seguridad Social, cuya gestión atribuye el Estatuto de Guernica al Gobierno vasco, por eso la solicita con insistencia el PNV, pero no encuentra encaje en la Constitución, que expresamente consagra el principio de solidaridad y unidad de caja. Lo llamativo es que la Seguridad Social tiene un agujero enorme, producto de la desproporción entre lo que recauda en cotizaciones sociales y las prestaciones que tiene asumidas. Este desfase es especialmente alto en las regiones del norte de España, donde la media de la población es más envejecida.
Según un informe reciente de Fedea, Baleares es la única comunidad autónoma que en 2021 tuvo superávit (más recaudación que prestaciones), si bien otros informes preliminares de 2022 incluyen también a Madrid. Sin embargo, Cataluña y País Vasco tienen déficits muy abultados, con lo que quizás haya más ruido que nueces en tan enfáticas reclamaciones. ¿Para qué quieren una competencia ruinosa? ¿Tienen la fórmula secreta para solucionarlo?
Los datos son elocuentes, en 2021, España tenía 9,9 millones de pensionistas, que generaban un coste anual de 165.914 millones de euros. Este coste se financiaba con las cotizaciones sociales de 20,18 millones de trabajadores y sus empresas, que aportaban un total de 132.504 millones a las arcas de la Seguridad Social. Por tanto, en ese año, el déficit fue de 33.410 millones de euros, de los que 4.904 millones corresponden a Cataluña y 4.088 millones al País Vasco. Estos datos no han cambiado........