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CC y PP quieren secuestrar a la radiotelevisión pública canaria

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17.01.2026

A través de una nueva legislación -el proyecto de Ley de ordenación del servicio público de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma de Canarias-, el Gobierno de CC y PP pretende secuestrar la radiotelevisión pública y convertirla en un puro y duro instrumento de propaganda al servicio de sus exclusivos intereses políticos. Concentrando todo el poder en el titular de la Dirección General. Eliminando los contrapesos profesionales y parlamentarios. Restringiendo la pluralidad. Favoreciendo la privatización. E incumpliendo con la normativa europea y la Constitución, como ha señalado el rotundo dictamen del Consejo Consultivo sobre este proyecto de ley. Por esas razones, el grupo parlamentario de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) presentó una enmienda a la totalidad, solicitando su devolución al Gobierno. 

En el texto de nuestra enmienda a la totalidad se recuerda que la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competencias para decidir sobre la asunción del servicio público de comunicación audiovisual autonómico; determinar su regulación, así como su forma de prestación (directa o indirecta); y, en caso de gestión directa, determinar atribución y el régimen organizativo de su prestación.

Cualquier cambio normativo de la legislación canaria en materia audiovisual debe someterse a la normativa básica estatal (Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022, en particular su Título III relativo a “la prestación del servicio público de comunicación audiovisual”) y a las directrices de la Unión Europea, especialmente el Protocolo 29 sobre el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros y el Reglamento (UE) 2024/1083, de 11 de abril (Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación). 

En NC-bc compartimos la necesidad de adaptar la normativa canaria a la legislación vigente, siempre salvaguardando el bien superior de la comunicación audiovisual, que no es otro que respetar el valor constitucional del pluralismo político y el derecho de la ciudadanía a recibir información objetiva, veraz e imparcial,........

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