La catástrofe ambiental acontecida en el litoral de Telde en octubre de 2025 —caracterizada por la mortandad masiva de aproximadamente 2.500 toneladas de biomasa en las instalaciones de Aquanaria— trasciende el plano del mero incidente ecológico. Nos hallamos ante un supuesto de grave riesgo para la salud pública y una quiebra de la integridad de la cadena alimentaria. Este episodio, que ha proyectado una pluma contaminante sobre más de 50 kilómetros de costa forzando el cierre de hasta 15 playas, constituye la cristalización de un modelo de acuicultura industrial intensiva que, bajo una cobertura administrativa autonómica negligente, prioriza la maximización del beneficio privado mediante la socialización de sus externalidades negativas y riesgos sanitarios. Dos meses después, las evidencias acumuladas —desde denuncias internas ignoradas hasta omisiones en evaluaciones ambientales— delinean un escenario de opacidad y captura institucional, donde los beneficios económicos permanecen privatizados mientras el daño al bien común es absoluto.

La cronología de los hechos evidencia una negligencia de carácter estructural que la mercantil ha pretendido difuminar con la connivencia del poder político autonómico. Constan indicios de un conocimiento previo y cualificado del riesgo: entre agosto y septiembre de 2025, denuncias internas de trabajadores y éstos dando cuenta, además, a las autoridades competentes, según informaciones del digital teldeactualidad.com, ya advertían de mortandades diarias de hasta 5.000 kilos de ejemplares afectados por la bacteria Lactococcus sp. Este patógeno, recurrente durante el último trienio sin medidas correctoras eficaces, generaba restos orgánicos en descomposición avanzada........

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