El análisis del caso Kitchen no puede comenzar, como algunos pretenden, con el estallido de las agendas, audios y cuadernos de notas de Villarejo en 2017 cuando cayó en manos de la Justicia. Su génesis se sitúa en la primavera de abril de 2010, cuando Luis Bárcenas, recién imputado en el caso Gürtel, presentó su renuncia formal como tesorero y senador. Sobre el papel, aquel fue un punto de ruptura; en la práctica, marcó el inicio de una de las anomalías institucionales más prolongadas de nuestra peculiar democracia generada en la denominada transición española. Durante los tres años siguientes, el extesorero habitó un auténtico limbo jurídico y político: sin cargo oficial, pero con despacho propio en la tercera planta de Génova, sede del Partido Popular, coche oficial con chófer y una retribución mensual que superaba los 21.000 euros. Este escenario de «convivencia protegida» es la clave de bóveda para entender la gravedad del espectáculo al que hemos asistido en la sesión del juicio Kitchen de 23 de abril de 2026, en la Audiencia Nacional. Mariano Rajoy, ex presidente del Gobierno y del Partido Popular y María Dolores de Cospedal, ex secretaria general de dicho partido, que iban como testigos, han desfilado por la sala para rendir cuentas ante un tribunal que, a través de su presidencia, lejos de permitir interrogar a las acusaciones populares, sobre todo del PSOE, con rigor bajo una estricta neutralidad, ha actuado como el último eslabón de una cadena de protección tejida desde la instrucción.

La comparecencia de Cospedal ha intentado asentar un relato de higienismo político: el partido habría actuado con contundencia fulminante en cuanto se descubrieron las cuentas suizas de Bárcenas. Sin embargo, la realidad documentada destroza esa coartada. El 26 de febrero de 2012, cuando la instrucción del caso Gürtel ya apretaba, Mariano Rajoy envió a su extesorero el famoso SMS: «Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo». No es la expresión de un líder implacable con la corrupción, sino la confesión de quien parece gestionar activamente un pacto de silencio y de protección institucional. Ese «hacemos» en plural parece implicar una estrategia común, una acción compartida para sostener al imputado. El 16 de enero de 2013 se hizo público lo que la comisión rogatoria judicial en diciembre de 2012 había comunicado al juez Ruz, instructor del caso Gürtel: el hallazgo en Ginebra de 22 millones de euros vinculados a Bárcenas. Según la versión de María Cospedal como testigo en el juicio oral, ese........

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