La catástrofe ambiental acontecida en el litoral de Telde en octubre de 2025 —caracterizada por la mortandad masiva de aproximadamente 2.500 toneladas de biomasa en las instalaciones de la mercantil Aquanaria— ha entrado en una fase de esclarecimiento institucional que exige una deconstrucción jurídica rigurosa. El reciente comunicado del Gobierno de Canarias, emitido el 6 de febrero de 2026, constituye un ejercicio de ambigüedad política que, si bien acierta al reconocer la ruptura del nexo causal y exonerar de toda responsabilidad al Ayuntamiento de Telde —confirmando que el saneamiento municipal no fue el agente generador de la contaminación—, incurre en una omisión de notable gravedad al eludir la identificación de la causa eficiente del daño ecológico. Este silencio administrativo resulta inaceptable ante un episodio que proyectó una pluma contaminante sobre más de 50 kilómetros de costa, forzando el cierre de 15 playas y generando un impacto orgánico equivalente al de una población de 200.000 habitantes sin depuración.

La magnitud del vertido ha provocado zonas de hipoxia (falta de oxígeno) que comprometen seriamente la biodiversidad bentónica de la zona. Es preciso aclarar que el bentos........

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