En el 45º aniversario del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el Gobierno español ha procedido a la desclasificación de una colección acotada de documentos, aprobada por el Consejo de Ministros el 24 de febrero de 2026 y publicada al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado. Ciento cincuenta y tres unidades documentales, procedentes de los Ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores, pretenden presentarse como un ejercicio de transparencia histórica. Un análisis riguroso, sin embargo, revela su naturaleza efectiva: una operación calculada para rearticular la legitimidad de una monarquía en crisis terminal, en el momento preciso en que los escándalos de corrupción patrimonial y las redes clientelares de Juan Carlos de Borbón amenazan con socavar no sólo la Corona española, sino la viabilidad misma del modelo monárquico como forma política en el capitalismo europeo avanzado. Este esfuerzo de rehabilitación adquiere su sentido más profundo al situarse en un contexto continental devastador para las monarquías europeas: la reciente desclasificación de más de tres millones de páginas de los archivos de Jeffrey Epstein por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 30 de enero de 2026, ha revelado la trama de relaciones entre el financiero pederasta y las principales casas reales del continente, dejando a la institución monárquica herida de muerte en su credibilidad.

La operación posee una lógica interna impecable en su factura, aunque políticamente transparente en sus fines. Los documentos liberados, accesibles en el portal de La Moncloa, refuerzan la narrativa oficial de un rey resueltamente constitucionalista que desactivó la intentona con órdenes tajantes, interponiéndose entre la democracia formal y los conspiradores. Ahora bien, lo que los propios archivos revelan —entre líneas y a pesar de su selección tendenciosa— resulta más elocuente que lo explícitamente exhibido. Las comunicaciones desde La Zarzuela con Alfonso Armada, alguna descrita en un documento del CESID como «muy tensa», y las cinco conversaciones con Jaime Milans del Bosch acreditan una densidad de contactos palaciegos que el relato oficial ha minimizado durante décadas, reduciéndolos a la función de un árbitro imparcial. Los sublevados, según estos mismos papeles, «tenían algún contacto en Zarzuela» y estaban dispuestos a personarse en ella. Esta información no constituye un detalle menor: representa una fisura estructural en el relato fundacional de la Transición, evidenciando las contradicciones internas del bloque histórico que emergió del franquismo.

Aún más revelador resulta el contenido de un informe interno del CESID fechado el 5 de febrero de 1982, apenas semanas antes del inicio del juicio contra los golpistas el 19 de febrero de ese año. Este documento, ahora desclasificado, otorga verosimilitud a informaciones procedentes de círculos militares según las cuales Juan Carlos I se entrevistó confidencialmente con Milans del Bosch para garantizar que la Corona no resultara lesionada en el proceso. De manera similar, se menciona que «alguien muy importante de la Casa Real» se reunió con Armada para........

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