En Canarias se habla del “reto demográfico” como si fuera un asunto técnico, una categoría abstracta que se resuelve con informes y estadísticas. La realidad, sin embargo, es mucho más tangible y urgente: la población crece a un ritmo que las islas no pueden absorber, y los efectos ya se sienten en la vida cotidiana. Este fenómeno no se refleja solo en cifras. Se ve en cada carretera colapsada, en cada joven que no encuentra vivienda, en cada aula saturada, en cada hospital con listas de espera interminables y en unos servicios públicos que funcionan al límite.

El crecimiento poblacional en Canarias no es casual. Existe un patrón claro: detrás del turismo llega población residente. Más visitantes generan más actividad económica, más empleo y, en consecuencia, más personas que se trasladan a las islas para trabajar. Este denominado Efecto Llamada no es ni bueno ni malo en sí mismo. Pero cuando supera la capacidad de los servicios públicos y las infraestructuras, genera una tensión constante que afecta a todos los canarios y canarias.

Hace más de veinte años, cuando comenzaban a vislumbrarse estas tensiones, el Gobierno canario buscó orientación en la Unión Europea. La respuesta fue directa: la solución estaba en nuestras manos. Los responsables europeos recomendaron limitar el Efecto Llamada, evitar un desarrollismo desenfrenado y acompasar el crecimiento económico al crecimiento poblacional. La idea era simple: un territorio finito no puede expandirse indefinidamente sin consecuencias.

En 2001, Canarias dio un paso decisivo: se estableció una moratoria turística que desclasificó 400.000 camas. En 2003, el Parlamento aprobó una ley que confirmó que la comunidad autónoma podía limitar su crecimiento poblacional. Aquella decisión no supuso ninguna carga económica para el erario público y demostraron que se podía actuar con firmeza sin........

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