Antes de entrar en el fondo, conviene hacer una reflexión sobre el papel que desempeñan las comisiones de investigación en los parlamentos en una democracia. Porque se habla mucho de ellas cuando se crean, se retransmiten las comparecencias, se multiplican los titulares y las declaraciones, pero pocas veces nos detenemos a pensar cuál es realmente su función.

Por definición, una comisión de investigación existe para esclarecer unos hechos de especial relevancia pública. Para conocer qué ocurrió, por qué ocurrió, quién tomó las decisiones y qué puede hacerse para evitar que vuelva a suceder. Es uno de los instrumentos de control parlamentario más valiosos que existen. O, al menos, debería serlo.

El problema aparece cuando una comisión deja de investigar para empezar a confirmar una tesis previamente decidida.

Y, aunque pueda parecer exagerado, eso ocurre más veces de las que debería.

No importa que estemos hablando del Congreso de los Diputados, del Senado o de cualquier parlamento autonómico. El riesgo es exactamente el mismo en todas las cámaras: que la mayoría parlamentaria confunda su fuerza numérica con el derecho a imponer una verdad política.

Porque una mayoría puede aprobar unas conclusiones.

Lo que no puede hacer es convertir esas conclusiones en la verdad de los hechos.

Investigar exige un método. Primero se recopilan los documentos. Después se escuchan todas las versiones. Se contrastan los testimonios. Se analizan las competencias de cada uno. Se reconstruye lo ocurrido. Y solo cuando todo ese trabajo ha terminado pueden extraerse responsabilidades políticas.

Cuando el orden se invierte, la investigación pierde todo su sentido.

Si primero se decide quién debe aparecer como responsable y después se seleccionan únicamente los hechos que sirven para sostener esa conclusión, ya no estamos ante una investigación. Estamos........

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