YPFB despide 410 funcionarios, pero no puede sustentar narrativa presidencial de “sabotaje” |
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció la desvinculación de 410 funcionarios y confirmó la intervención del Ejército en el control físico de todas sus plantas estratégicas, en un contexto marcado por denuncias de “sabotaje” interno y cuestionamientos sobre la calidad de combustibles importados.
En un comunicado institucional, la empresa informó que los despidos están vinculados a “procesos iniciados”, “medidas cautelares” e “investigaciones en curso”. Sin embargo, no detalló públicamente los tipos penales que se investigan, las jurisdicciones competentes ni el número de casos formalmente radicados ante el Ministerio Público. Tampoco precisó si existen imputaciones formales o detenciones relacionadas con los hechos mencionados.
La compañía atribuyó problemas operativos recientes a una “estructura heredada” que, según afirmó, continuaría afectando la gestión actual, y señaló la existencia de un presunto plan de desestabilización. No identificó personas específicas ni presentó evidencia judicial pública que sustente las acusaciones de “sabotaje” que expresó ayer el presidente Rodrigo Paz al anunciar la militarización de instalaciones de la estatal petrolera.
El anuncio incluyó la confirmación de que todas las plantas estratégicas se encuentran bajo “control físico con intervención del Ejército”. La empresa no especificó bajo qué instrumento legal se dispuso la medida ni si existe un decreto supremo publicado que establezca su alcance y duración. Tampoco aclaró si el despliegue militar es temporal o indefinido.
La decisión ocurre mientras circulan análisis de laboratorio difundidos en medios y ámbitos técnicos que señalan que ciertos lotes de gasolina adquiridos por YPFB presentarían un alto porcentaje de goma, un parámetro vinculado a la estabilidad del combustible. La estatal no ha publicado hasta el momento un informe técnico integral que confirme o descarte esos resultados, ni ha informado sobre eventuales acciones contractuales contra proveedores.
YPFB sostuvo que la reestructuración responde a criterios de gestión técnica y transparencia, aunque no detalló los parámetros aplicados para la desvinculación de los 410 trabajadores ni si las decisiones se basaron en auditorías internas concluidas.
El anuncio se produce en un escenario político tenso en Bolivia, donde el abastecimiento de combustibles y la administración de empresas estatales estratégicas se han convertido en eje de debate público.
La narrativa oficial enfatiza depuración institucional y recuperación del control operativo, mientras sectores críticos piden mayor documentación sobre los procesos judiciales anunciados y el fundamento legal de la intervención militar.
La empresa señaló que ampliará información conforme avancen las investigaciones.
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