Doria Medina desmiente a Paz: no hay sabotaje, YPFB compró gasolina de pésima calidad y a un precio muy alto |
Santa Cruz.- La versión del Gobierno sobre la crisis de combustible, sostenida durante más de un mes en torno a un supuesto sabotaje, enfrenta una contradicción desde su propio entorno político. Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional (UN) y aliado del presidente Rodrigo Paz, rechazó esa explicación y atribuyó el problema a decisiones de compra de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El gobierno de Rodrigo Paz hizo públicas seis versiones para justificar la venta de gasolina basura, desde culpar a la gestión del expresidente Luis Arce hasta afirmar que una mafia internacional opera en territorio chileno para mezclar gasolina con agua y aceite, con el objetivo de dañar el suministro destinado a Bolivia.
“Como todo se sabe en este país, no es sabotaje, no es que mezclan con agua, es que YPFB compró una gasolina de mala calidad, de pésima calidad, teóricamente a un precio muy alto, la mezcló con alcohol y eso desató que la gasolina, que tenía un componente elevado de goma y de arsénico, genere problemas en los vehículos”, afirmó Doria Medina en entrevista con el programa “urgente.bo”.
La afirmación introduce una explicación centrada en la calidad del combustible y en decisiones operativas atribuidas al expresidente de YPFB, Yusser Akli. “Por suerte este señor ya renunció y en su lugar hay una profesional que tiene muy buenos credenciales, una mujer ingeniera como es Claudia Cronenbold”.
Doria Medina expresó su esperanza de que esta “pesadilla que hemos tenido los bolivianos con la gasolina de mala calidad se pase totalmente y los responsables paguen por sus actos. La Fiscalía está investigando y será la que determine quiénes son los culpables y que rindan cuentas ante la justicia”.
El contraste es directo. Mientras el Gobierno sostiene una intervención externa, una voz de su propio bloque apunta a problemas en la gestión interna. En esa línea, el presidente Rodrigo Paz anunció la conformación de “una nueva YPFB que no esté vinculada a un partido político ni a intereses familiares”.
¿Dónde están los contratos?
El expresidente y jefe del opositor Líder, Jorge Quiroga, centró sus cuestionamientos en los contratos de provisión y desafió al Gobierno: “Publiquen los contratos de Vitol y Trafigura. ¿Qué fecha? ¿Qué monto? ¿A qué precio? Si nos han vendido basura a precio de bife de chorizo, ¿quién es el responsable?”. El Gobierno, hasta hoy, no ha respondido a ese pedido.
Las versiones oficiales han cambiado con el tiempo. Primero se atribuyó la crisis a gestiones anteriores; después se mencionaron fallas operativas en plantas de YPFB; luego se denunció sabotaje y la existencia de redes vinculadas al transporte de combustibles, recordó Quiroga.
YPFB argumentó que no ha firmado nuevos contratos en los últimos meses y que continúa administrando acuerdos suscritos en 2025. Sin embargo, la estatal informó sobre una adenda suscrita con Vitol para modificar las especificaciones del combustible, incluido el incremento del octanaje.
¿Sobreprecio de $us 4 millones al mes?
Documentos contractuales de fines de 2025 muestran que los acuerdos se estructuran bajo una fórmula indexada al precio internacional del crudo WTI más un diferencial o “premio”. Aunque este mecanismo es habitual en el mercado, los valores pactados presentan incrementos frente a contratos anteriores.
En la terminal de Pocitos, el diferencial alcanza 20,88 dólares por barril, frente a los 9,10 dólares registrados en 2024, lo que implica un incremento de 11,78 dólares por barril. En Arica, el diferencial sube de 18,41 a 22,82 dólares por barril.
Con volúmenes estimados de 715.000 barriles mensuales en Arica y 50.000 en Pocitos, estos incrementos implican un sobrecosto cercano a 4 millones de dólares mensuales, equivalente a unos 45 millones de dólares anuales.
El aumento en Pocitos ha sido atribuido a condiciones de financiamiento a 90 días, lo que implicaría una tasa superior al 60% anual en dólares, muy por encima de referencias comerciales, un cálculo que requiere verificación independiente.
El análisis alcanza al diésel. Un informe indica que Bolivia paga un premio logístico de 189 dólares por metro cúbico, mientras que Paraguay registra valores de entre 45 y 60 dólares por metro cúbico por servicios equivalentes.
La crisis deja de explicarse en un solo eje. A la versión de sabotaje se suman cuestionamientos internos, presión política y evidencia de mayores costos en la importación de combustibles, en un escenario donde la consistencia del relato oficial queda en entredicho.
La Fiscalía de La Paz investiga posibles responsabilidades por presunta conducta antieconómica en la contratación de suministro. Autoridades del Ejecutivo han sido citadas en calidad de testigos.
Juan Carlos Marañón Albarracín
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