La información como derecho |
La entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública marca un punto de inflexión en la relación entre el Estado y la ciudadanía.
La Ley 168/2024 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 1 del 9 de enero de 2026, introduce un cambio sustancial en la manera en que el Estado se relaciona con la ciudadanía. Por primera vez, el derecho de acceso a la información pública queda claramente normado, con procedimientos, plazos y responsabilidades definidos, en correspondencia con lo refrendado por la Constitución de la República de 2019.
Este nuevo cuerpo legal refuerza la gestión pública desde la rendición de cuentas y el escrutinio social, y apuesta por una cultura institucional en la que la transparencia deja de ser una práctica discrecional para convertirse en un deber permanente. La norma parte del principio esencial de que la información que se genera desde lo público pertenece a la sociedad, salvo excepciones estrictamente establecidas, y su acceso oportuno resulta clave para la participación ciudadana y la confianza en las instituciones
Un derecho constitucional hecho ley
La Ley 168 se sustenta en los artículos 53, 97 y 101 de la Constitución de la República, que reconocen el derecho de las personas a solicitar y recibir información del Estado. En coherencia con ello, el texto legal establece desde su artículo 1 que regula “la transparencia y el derecho de acceso a la información pública, así como las obligaciones que deben cumplir sus responsables”.
El artículo 2 define con claridad qué se entiende por información pública, que es aquella que generan o custodian los sujetos obligados en el ejercicio de sus funciones “contenida en documentos, grabados o registrados en diversos formatos” sin........