Desalación: cómo se construyó un acuerdo improbable |
Chile enfrenta una decisión compleja, porque debemos avanzar en infraestructura que asegure agua en el corto plazo, sin hipotecar los equilibrios ambientales y sociales del futuro.
La reciente aprobación en el Senado de la ley que regula la desalación en Chile no solo es un avance técnico frente a la crisis hídrica. Es, sobre todo, el resultado de una convergencia política poco frecuente, donde distintos sectores logramos articular un consenso en torno a un problema que ya dejó de ser percibido como sectorial, para convertirse en una situación estructural.
En este proceso, los argumentos que permitieron su aprobación revelan no solo pragmatismo, sino que además una reconfiguración del debate público en torno al agua.
En este sentido, uno de los ejes claves, fue que se entendiera la necesidad de instalar la desalación como una política de Estado, más que como una herramienta al servicio de intereses específicos.
Durante años, el debate sobre plantas desaladoras estuvo fuertemente asociado a la gran minería, lo que generaba resistencias en sectores políticos y sociales que veían en ello una privatización indirecta de una solución estratégica.
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