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Porqué fracasó el proyecto inmobiliario de US$ 300 millones de Ñuñoa

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11.04.2022

La Municipalidad de Ñuñoa, aplicando el artículo 117° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), había procedido a congelar (postergar) el ingreso de solicitudes de anteproyectos y de permisos de edificación en su Dirección de Obras Municipales (DOM), ello debido a que las normas urbanísticas contenidas en el Plan Regulador Comunal (PRC) eran demasiado libérrimas, luego tenían un marcado sesgo pro inmobiliario. A modo de ejemplo el coeficiente de constructibilidad era libre, al igual que la altura máxima y la densidad habitacional.

Pues bien, a raíz de lo anterior, se unieron amistosamente las empresas Plaza Egaña SpA y Metro S.A. para solicitar un permiso de edificación de un invasivo proyecto inmobiliario en un sitio de 15.180 m2, que enfrenta las avenidas Américo Vespucio Sur e Irarrázaval y el pasaje peatonal Juan Sabaj. La inversión, según ciertos medios de prensa, es de US$ 300 millones, considerando 3 torres habitacionales de entre 27 y 32 pisos y una de oficinas, con mayores superficies, de 32 pisos. Se trata de 1.752 departamentos, 198 oficinas, 24 locales comerciales y 1.928 estacionamientos vehiculares. Los ingeniosos publicistas del proyecto lo denominaron Egaña Comunidad Sustentable, creyendo ellos que con ese pomposo nombre todos iban a estar felices.

La DOM, con un anteproyecto del 20 de abril de 2018, otorgó el 12 de octubre de 2018 el permiso de edificación N° 296 a nombre de esas dos empresas, violando el artículo 116° de la LGUC pues el funcionario municipal que lo cursó, optó por no notificarlo oficialmente a la Junta de Vecinos del sector. No sabemos si esa grave omisión fue voluntaria o involuntaria, pero el hecho concreto es que no solo esa comunidad de vecinos, directamente perjudicados por la falta de luz natural que causa el emplazamiento de las moles de concreto, sino prácticamente todas las organizaciones ciudadanas de Ñuñoa, bajo el liderazgo de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, se oponen a ese abusivo negocio.

Conocer oportunamente la entrega del permiso de edificación de una mega construcción permite a los vecinos, si detectan ilegalidades o vicios insalvables, exigir su invalidación administrativa, teniéndose en cuenta que el plazo para hacerlo, tal como está fijado en el artículo 53 de la Ley N° 19.880, es de 2 años y, por lo tanto, expiró el plazo en este caso el 12 de octubre de 2020, en plena pandemia.

El congelamiento señalado en el primer párrafo estuvo vigente entre las fechas 30 de agosto de 2018 y 30 de agosto de 2019 y la modificación N° 18 del PRC de Ñuñoa que, entre otras cosas, consideró alturas máximas de 15 pisos para las nuevas edificaciones, se publicó el 30 de agosto de 2019 en el Diario Oficial. Observando estas fechas, estamos ante una alianza pública-privada que........

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