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La corrupción es necesaria para aumentar el crecimiento económico

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18.07.2022

Muchas veces en este medio de prensa independiente hemos informado a la opinión pública sobre las malas prácticas que cometen algunos actores privados que se desenvuelven en el mercado de la explotación del recurso suelo urbano y/o rural, incorrecciones que han sido toleradas o avaladas por las autoridades públicas de turno.

Esos pícaros empresarios que ejecutan sus negocios vía trampas o ingeniosas interpretaciones, en las escasas ocasiones en que se detectan sus proyectos truchos, claman al cielo y rasgan vestiduras alegando que actuaron de buena y que, por ello, tendrían derechos adquiridos. Si no fuera por la Contraloría General de la República esas condenables prácticas se mantendrían en la oscuridad y por ello nuestro reconocimiento a sus funcionarios, a pesar de que esperaríamos de ella mayor severidad en sus dictámenes.

Procedemos entonces a relatar sucintamente un nuevo ejemplo donde el organismo de fiscalización dirigido por Jorge Bermúdez acogió las denuncias que realizó la fundación Defendamos la Ciudad, por dos “autorizaciones” contrarias a derecho emitidas por la díscola Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo en el área rural de las comunas de Maipú y Pudahuel. Su contundente dictamen N° E232946/2022 del reciente 8 de julio de 2022 refleja la situación, ver link.

El primer caso corresponde a un depósito de vehículos nuevos emplazado en un terreno localizado en el “Área de Interés Agropecuario Exclusivo” definida como tal en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), predio cercano al sector Rinconada de Maipú. El segundo ejemplo corresponde a una edificación que incluye oficinas y bodegas localizada, según el mismo PRMS, en un terreno del área de resguardo de infraestructura metropolitana “De Aeropuertos, Aeródromos y Radio Ayudas” asociada al aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez en Pudahuel.

Ambos casos son claros ejemplos de un rebuscado ardid de las prestigiosas empresas, DERCORP y ENEA, con el cual sus avezados asesores y gerentes, sin conocimiento de sus dueños, como dirán éstos, intentaron hacer pasar actividades productivas de impacto similar al industrial, reguladas por el artículo 2.1.28 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), como proyectos de infraestructura de transporte terrestre, siempre admitidos en el área rural por aplicación del artículo 2.1.29 de esa OGUC. Todo esto en flagrante contravención de diversos........

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