Cada cierto tiempo, frente a una crisis educativa, aparece una respuesta legislativa que promete resolver aquello que durante años no hemos sido capaces de abordar de manera profunda. Hoy es el turno de la ley Escuelas Protegidas, presentada como una herramienta para enfrentar la violencia escolar y devolver la seguridad a las comunidades educativas. Sin embargo, más allá del nombre, cabe preguntarse si realmente estamos protegiendo a las escuelas o simplemente ampliando mecanismos de control sobre quienes las habitan.

La convivencia escolar es probablemente uno de los mayores desafíos de nuestro sistema educativo. Quienes trabajamos en educación sabemos que la violencia existe, que en los últimos años ha aumentado la conflictividad y que docentes, asistentes y equipos directivos muchas veces se sienten solos frente a situaciones complejas. Negarlo sería irresponsable. Pero reconocer el problema no significa aceptar cualquier solución.

La nueva normativa parte de una premisa equivocada: que la violencia escolar se resuelve aumentando las sanciones y restringiendo derechos. La posibilidad de revisar mochilas, limitar........

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