El “legado de Boric” supone “problemas en desarrollo”. Para avanzar en la solución de todos estos no solo es necesario mayor conocimiento y mayor transparencia, sino también voluntad política clara.

El problema del fraccionamiento de los recursos pesqueros

En el curso de los dos últimos meses, el Estado chileno sumó cuatro demandas de empresas pesqueras que entienden que la Ley de Fraccionamiento de Pesca aprobada en 2025 supone el desconocimiento de la “distribución histórica” de las cuotas (reducción de estas) y, en un contexto legal, una “expropiación encubierta y sin compensación” de recursos a los que tendrían acceso garantizado hasta 2032.

Esto ocurre en un marco conceptual en el que, se observa, no existe un paradigma para entender, a escala nacional, los problemas del Mar Chileno. Chile no tiene un “concepto” respecto de “para qué sirve el mar”.

En el marco de esa carencia ocurren las demandas de empresas de la pesca industrial, que reclaman efectos pecuniarios del fraccionamiento de los stocks, el cual -en la lógica de la ley-, debe garantizar el acceso de la pesca artesanal a recursos tales como la merluza común, la jibia, el jurel y la sardina. Sumados, las cuatro empresas demandantes estiman que los perjuicios recibidos ascienden a más de 475 millones de dólares.

El gobierno anterior desestimó tales demandas y, como muchas otras cosas, “las dejó para la consideración del gobierno electo”, esto es, para la administración de José Antonio Kast.

De importancia social y política es que algunas asociaciones de pescadores artesanales se adelantaron a rechazar el reclamo de los pescadores industriales, haciendo ver que los recursos marinos son “bienes de uso público” (pertenecen al Estado). Esto, sin embargo, no disuadió a las empresas, cuyas demandas en contra del Fisco siguen en marcha.

Si, en vista del lento trámite de una nueva ley de pesca, la ley de fraccionamiento pesquero fue “un logro” del gobierno anterior, su implementación se percibe como un desafío social, político y económico para el actual.

En términos políticos, porque la circunstancia generada por empresas pesqueras ofrece a sectores de izquierda ambientalista (especialmente a los defensores de la tesis de “los peces sintientes”) un ángulo de ataque vestido de “defensa del legado del gobierno Boric”. En la práctica, una oportunidad para, “desde la calle”, recuperar la mística de 2022.

Desde el punto de vista de la lógica legal y económica, no atender la demanda de las empresas supondría un contrasentido para un gobierno que no solo valora el aporte de la actividad privada, sino que tiene como prioridad asegurar un marco regulatorio para la inversión y la innovación en el sector productivo. Pese a ello, la posibilidad de........

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