Durante los últimos cuatro años, nada, nada de esto fue prioridad para “la diplomacia turquesa” de Gabriel Boric y su canciller.

En la segunda vuelta presidencial de 2021, en Magallanes y Antártica Chilena el diputado Gabriel Boric logró el 61,3% de la votación. Mucho más allá de que -hasta la elección de 2025- “Magallanes históricamente votó por la izquierda”, el citado 61,3% de hace cinco años se interpretó como una señal de esperanza respecto de que -“con un presidente magallánico”- el enorme potencial que nuestra Zona Austral ofrece al desarrollo del conjunto del país sería, finalmente, prioridad gubernamental. No fue así. La decepción ha sido profunda.

Prueba de ello es que, en la segunda vuelta presidencial de diciembre, la candidata que -en todo lo esencial- encarnaba la continuidad del actual gobierno, solo logró el 44% de los sufragios. En Punta Arenas, la ciudad natal de Gabriel Boric, José Antonio Kast obtuvo el 55,2% de los votos. El resultado habla por sí mismo.

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Si el resultado de la última elección presidencial puede entenderse como parte de un fenómeno nacional, la indiscutible victoria de Kast encapsula la profunda decepción de patagónicos y fueguinos respecto de un gobierno que, en todo lo sustantivo, resultó muy decepcionante.

Un elemento de esa decepción se origina en las dificultades impuestas al sector productivo por la embestida ambientalista (propiciada por los partidos de gobierno) que, como se dice en Punta Arenas, “fosilizó” el 66% del territorio bajo algún sistema de protección ambiental.

A cambio, el “ambientalismo nortino” no creó ni un solo puesto de trabajo productivo permanente. El continuado acoso del buenismo de oficina se hizo sentir con fuerza sobre la salmonicultura, la pesca industrial y artesanal, la industria del hidrógeno, la construcción y la infraestructura e, incluso, sobre el turismo. En resumen, un atentado sobre la creación y la estabilidad del empleo de miles de familias.

Desde un punto de vista geopolítico y geoestratégico, el buenismo de oficina se consolidó como una amenaza para la seguridad de Chile, en tanto contribuyó al despoblamiento y a perpetuar fronteras interiores esencialmente peligrosas. Punta Arenas y Puerto Natales siguen sin comunicación directa con el resto de Chile.

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