Tanto en el caso de Miguel Mellado como en la situación de los cercanos a la diputada Catalina Pérez, se puede apreciar cómo es que los involucrados son incapaces de asumir y entender que el ejercicio de la función pública, que en buenas cuentas, es el ejercicio del poder político, requiere de un comportamiento exigible que va más allá del piso mínimo, que es respetar la legalidad.

Luego del bochornoso episodio en que el “honorable” diputado de Renovación Nacional Miguel Mellado grabara y filtrara a la prensa una conversación sostenida de manera privada con el Presidente de la República, en un primer momento condenó el hecho señalando que con ello “se rompían las confianzas” (mintiendo descaradamente al país por cierto), para posteriormente, mediante una declaración pública reconocer su autoría en este caso.

En un posterior punto de prensa, Mellado indicó que no sentía vergüenza de lo que había hecho, y que consideraba que esta situación era un tema ético y que no habría infringido ninguna ley.

Hace pocos días se conoció la firma de millonarios convenios administrativos entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva. La suma de estos convenios ascendió a más de 426 millones de pesos. En este caso, el servidor público que autorizó y........

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