La discusión sobre la Sala Cuna Universal es una de las más importantes que hoy enfrenta el Congreso. No solo porque busca avanzar en corresponsabilidad y facilitar la incorporación de mujeres al mundo laboral, sino también porque pretende corregir una injusticia histórica: que el acceso a este derecho dependiera de que una empresa tuviera contratadas veinte o más mujeres.

Las indicaciones presentadas por el Gobierno contienen avances. Se amplía el acceso a trabajadoras independientes y de casa particular, y se incorpora gradualmente a los padres trabajadores. Son cambios que permiten avanzar hacia un sistema más universal e inclusivo.

Sin embargo, el debate no puede limitarse únicamente a quiénes acceden al beneficio. También debemos preguntarnos cómo se financia y cuáles serán las consecuencias de ese financiamiento en el mediano y largo plazo.

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